El trabajo de las organizaciones feministas hizo que Zapatero se comprometiera a que la primera norma que llevaría al Congreso sería una ley integral contra la violencia de género, un nombre que tuvo grandes detractores, como la RAE, que abogaba por hablar de «violencia doméstica» o «por razón de sexo».
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En 2004, la Real Academia Española (RAE) estaba compuesta por 37 hombres y 3 mujeres. Ese mismo año, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero había ganado las elecciones y cumplió con una de sus promesas más destacadas: enviar al Congreso una ley integral contra la violencia de género. La propuesta respondía a una exigencia del movimiento feminista, que llevaba años luchando por una legislación específica. Sin embargo, la RAE no estaba de acuerdo con el nombre de la ley.
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En un informe no solicitado, la institución criticaba el uso de la palabra «género» y sugería que el texto se titulase «contra la violencia doméstica o por razón de sexo». La propuesta fue ignorada. Bajo la presión de las organizaciones de mujeres, Zapatero insistió en que el nombre de la ley debía ser “violencia de género”, sentando las bases de una normativa pionera en Europa. España se convirtió en un referente internacional, siendo la primera en aprobar una legislación integral sobre la violencia de género, que ha sido modelo para otros países.
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Micaela Navarro, política socialista y una de las impulsoras de la ley, explica que la llegada de esta legislación no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado de décadas de trabajo del feminismo. Desde la transición, con luchas por el derecho al aborto, el divorcio o el acceso al empleo, hasta la visibilización de la violencia sufrida por las mujeres en sus hogares, los movimientos feministas lograron que este problema social se incluyera en la agenda política.
La muerte de Ana Orantes en 1997, asesinada por su exmarido tras denunciar públicamente los abusos que sufría, fue un punto de inflexión que aceleró la conciencia social sobre la violencia machista. Aunque el gobierno de José María Aznar aprobó algunas medidas, como órdenes de protección para las víctimas, la propuesta de ley del PSOE fue rechazada por el PP. No obstante, las asociaciones feministas siguieron presionando, y la creciente alarma social sobre el tema, impulsada por la cobertura mediática, fue clave para que el PSOE, ya en el poder, sacara adelante la ley.
En 2001, el periódico El País comenzó a registrar estadísticas sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, ante la falta de cifras oficiales, y a difundir una visión más crítica sobre la violencia machista, utilizando el término «machista» frente al más restrictivo de «violencia doméstica». Este esfuerzo, en conjunto con la labor de periodistas comprometidas, ayudó a dar visibilidad a la magnitud del problema.
Durante la redacción de la ley, uno de los principales debates fue el nombre. Aunque al principio se pensó en usar el término «violencia sobre las mujeres», finalmente se optó por «violencia de género» tras la presión de las organizaciones feministas, que querían que quedara claro que la causa de esta violencia era la desigualdad de género. También hubo discusión sobre el ámbito de aplicación de la ley, ya que se limitó a los casos de violencia por parte de la pareja o expareja, excluyendo otras formas de violencia.
A pesar de su aprobación, la ley se enfrentó a 180 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales 127 fueron admitidos a trámite. Estos recursos se centraron principalmente en la supuesta vulneración del principio de igualdad, al contemplar penas más severas para los agresores en casos de violencia machista. En 2008, el Tribunal Constitucional avaló el artículo que establecía estas penas agravadas.
La implementación de la ley, que incluía medidas de prevención, atención a las víctimas y una reforma del Código Penal, supuso un desafío logístico y organizativo. Se crearon nuevos mecanismos como el 016, el sistema Viogén de valoración de riesgos y pulseras de control telemático para los agresores. A pesar de las dificultades, la ley se consolidó como una herramienta crucial para la lucha contra la violencia de género en España.
Veinte años después de su aprobación, la ley ha sufrido mejoras y críticas, y se ha expandido para incluir nuevas medidas. Aunque la lucha sigue siendo larga, España ha avanzado significativamente en la protección de las mujeres contra la violencia machista. En la actualidad, la RAE cuenta con 33 hombres y 8 mujeres, una pequeña mejora en comparación con la composición de 2004.
