España ha registrado la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, mientras se producía un repunte de las llegadas a sus costas. Europa avanza en su modelo de criminalización de la migración, refuerzo de las fronteras y retroceso de derechos. La Comisión de Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegura que «habilitando vías legales y seguras, los peligros que acompañan al éxodo forzoso de miles de personas podrían reducirse»
El 2023 se abría con grandes desafíos en materia de migración y asilo. Nuevos conflictos como el de Ucrania, enquistados como el que sigue arrasando Siria y otros olvidados como los que asolan Sudán o Yemen, sumados a otras amenazas como las vulneraciones de derechos, especialmente para las mujeres y la infancia, el cambio climático y la degradación medioambiental, los impactos persistentes de la pandemia, la crisis económica y la escasez de alimentos, seguían forzando la huida de millones de personas.
Ha terminado de manera similar. El acceso y la garantía de protección es el principal obstáculo para las personas que ansían vivir en paz y seguridad, como puso de manifiesto la emergencia humanitaria en Canarias, causada por el aumento de llegadas a España desde países cada vez más inseguros como Senegal; la actual situación en Palestina, que se ha cobrado la vida de más de 20.000 personas, ha forzado el desplazamiento de casi dos millones y pone en peligro la supervivencia de su pueblo; o el endurecimiento de las medidas contra la migración en Europa.
Los peligros que acompañan a este éxodo forzoso podrían reducirse habilitando vías legales y seguras para las personas que tienen que huir de sus hogares no tengan que jugarse la vida en letales trayectos por tierra o mar, o exponerse a amenazas como la violencia sexual, las redes de tráfico y trata, las detenciones o las devoluciones ilegales.
Estos son los hitos más significativos de un año plagado de desafíos para la protección.
Más personas buscaron protección en España con grandes dificultades
Desde enero y hasta finales de noviembre de 2023, se presentaron en España 152.250 solicitudes de protección internacional, la cifra más alta jamás registrada en el país, que ya superaba en octubre el máximo histórico alcanzado en 2022 (118.842 solicitudes). Estos números mantienen la tendencia al alza iniciada hace años, sólo interrumpida por los efectos de la pandemia de Covid-19.
Otro año más, las principales nacionalidades continuaron siendo de países latinoamericanos: personas que huían de la emergencia humanitaria en Venezuela, la violencia y el conflicto inacabado de Colombia, y violaciones de derechos humanos y persecuciones en Perú, Honduras o Cuba.
A pesar de aumentar las necesidades de protección, persistieron los graves obstáculos para acceder al derecho de asilo por las dificultades y retrasos sistemáticos en las citas que dejan en un limbo legal a miles de personas. Pero también por los problemas para acceder al territorio, tanto por las continuas devoluciones ilegales y sumarias en Ceuta y Melilla, como por la falta de vías legales y seguras.
España pierde la oportunidad de conseguir un Pacto con Derechos para Europa
España asumió la Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre, justo en la recta final de las negociaciones del Pacto Europeo de Asilo y Migración que reformará el Sistema Europeo Común de Asilo en 2024. Finalmente, tras ocho años de negociaciones, el 20 de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo cerraron un acuerdo político sobre las principales líneas de este Pacto que, en lugar de poner a las personas en el centro, supondrán más riesgos para el derecho de asilo que oportunidades y falta de garantías de protección.
La Presidencia española ha desaprovechado así su oportunidad para cambiar el enfoque de la política de asilo y migración europea, y reforzar los principios de respeto a los derechos humanos, de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembro.
Letal reactivación de la ruta canaria
A solo 15 días para cerrar el año, habían llegado a Canarias por mar 37.187 personas, un 140% más que en el mismo periodo el año anterior. La reactivación de la mortífera ruta canaria comenzó en julio de 2023 y rompió con la tendencia de descenso en las llegadas que se había observado desde marzo de 2022.
Entre septiembre y octubre se produjeron jornadas récord de llegadas que superaron las 1.300 personas en un día, y las 8.500 en dos semanas, superando las cifras registradas en 2006, en la mal llamada “crisis de los cayucos”. Gran parte de las personas huían de Senegal, que desde junio afronta una crisis política y social con el encarcelamiento del principal líder opositor y cientos de personas que se han lanzado a las calles para protestar contra esta deriva autoritaria, pero también de Marruecos, Costa de Marfil o Gambia.
Insoportable genocidio en Gaza
En octubre se abrió el episodio más reciente y mortífero de la larga historia de ocupación y desposesión que comenzó hace más de 75 años con el establecimiento del Estado de Israel. El país inició una operación en represalia contra Hamás en Gaza, bajo férreo bloqueo desde 2007, que ha causado casi 20.000 muertos, incluidos cerca de 8.000 niños y niñas . Alrededor del 85% de la población ha sido desplazada dentro del enclave, donde el 60% de las infraestructuras han sido destruidas, y Naciones Unidas alerta del peligro que corren los más de dos millones de habitantes ante una emergencia humanitaria sin precedentes.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas CEAR, se han movilizado contra el intento de genocidio en Gaza, instando a la creación de corredores humanitarios que permitan evacuar a la población, un alto el fuego permanente, el fin de las violaciones de derechos humanos tanto en la franja como en el territorio ocupado de Cisjordania, y el derecho al retorno para ofrecer una solución justa y duradera a las personas refugiadas de Palestina.
Viejos y nuevos peligros contra la vida y la dignidad, más desplazamientos desprotegidos
Cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por desastres medioambientales que por la violencia y conflictos, según reflejan las últimas cifras publicadas. Estas desvelan que en 2022 se produjeron 71,1 millones de desplazamientos internos, de los cuales 32,6 millones fueron como consecuencia de desastres, en 137 países. Un notable aumento del 41% con respecto del año anterior.
La mayoría de los desplazamientos se produjeron dentro de las fronteras del país, lo que dificulta el acceso a la protección, aunque las personas forzadas a dejar sus países tampoco tienen un acceso claro a este derecho, ya que siguen sin existir instrumentos jurídicos vinculantes a nivel internacional aplicables para estos casos. El terremoto que sufrió Marruecos y las inundaciones de Libia, que forzaron a huir a miles de personas, son solo las puntas del iceberg de una emergencia humanitaria que no para de crecer cada año.
Conflictos invisibles
También permanecen casi invisibles las necesidades de protección de millones de personas que siguen atrapadas en conflictos cada vez más olvidados, como pueden ser los de Yemen, Sudán, Malí o Afganistán, donde 2023 ha sido un año terrible para los derechos para las mujeres.
La falta de vías legales y seguras para poder llegar a un lugar seguro o la garantía de obtener refugio por género les condena a vivir guerras interminables o a jugarse la vida para ponerla a salvo en otro país.
Derribar las barreras administrativas
Con motivo de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo en España, CEAR recordó que las autoridades locales y regionales tienen un papel fundamental para eliminar las barreras de acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) a las que tienen que hacer frente las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas una vez superan también innumerables obstáculos para llegar hasta España.
Trámites como empadronarse, conseguir una cita de asilo o abrir una cuenta bancaria son en ocasiones trabas administrativas casi imposibles de solventar que dejan a las personas en situación de desprotección y alargan los procesos de inclusión social. A ellas, hay que añadir otro muro invisible y muy difícil de franquear: el del racismo y la xenofobia, que junto a otras formas de discriminación que sufren estas personas, afecta a la falta de igualdad real en el acceso a todos los derechos.
Una nueva oportunidad para el refugio
Otra oportunidad para mejorar la vida de las personas que buscan refugio en España y garantizar su acceso a los derechos se abrió este año con la formación del nuevo gobierno tras las elecciones generales en julio.
Desde CEAR instamos a la eliminación de los obstáculos para acceder al sistema de citas, avanzar en la ley integral contra la trata de seres humanos, la regularización extraordinaria de personas migrantes y medidas efectivas para combatir la exclusión financiera, entre otras.
Además, las dificultades existentes en el acceso al asilo y la proliferación de discursos de odio y de una narrativa estigmatizadora y deshumanizadora contra las personas migrantes y refugiadas, hacen necesario un Pacto de Estado para blindar el derecho de asilo y garantizar el cumplimiento efectivo más allá de los cambios políticos. Es más urgente que nunca.
