Desde El Foro de Ceuta hemos querido hacer una cronología con todo lo ocurrido en aquellos días de agosto, además de cómo ha ido evolucionando el caso con el paso de los meses, hasta hacer un repaso por la actualidad. Una decisión que ha acabado con varios agentes sociales revueltos, una gran marejada entre las dos administraciones de la ciudad autónoma y con la desestimación de los dos recursos presentados ante el TSJA, que ratificó su ilegalidad
Se cumple un año de aquella mañana de agosto en los Juzgados durante la que 55 menores migrantes tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta tras su llegada durante la crisis migratoria fueron repatriados a Marruecos. Una decisión que ha acabado con varios agentes sociales revueltos, una gran marejada entre las dos administraciones de la ciudad autónoma y con la desestimación de los recursos presentados por la administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ratificó la ilegalidad de las devoluciones.
El 13 de agosto de 2021 saltaron las alarmas cuando el ministro Grande-Marlaska firmaba una orden para que los más de 800 menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta durante la crisis diplomática y migratoria del mes de mayo y que se encontraban en los sistemas de acogida de emergencia de la Ciudad Autónoma fueran devueltos al Reino alauita en una operación conjunta entre la Ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno. Estos, serían devueltos de forma escalonada en grupos de 15 personas. Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y de la Infancia no tardaron en hacerse escuchar, condenando esta devolución «masiva y sin garantías» desde Save The Children hasta el Defensor del Pueblo.
El 15 de agosto de 2021, tras todo el fin de semana llevándose a cabo las devoluciones, la Fiscalía comenzó a actuar contra estas anunciando la apertura de una investigación debido a que estas se habían ejecutado sin su aval tal y como exige la Ley de Extranjería, y por la que el fiscal de la Sala de Menores, Eduardo Esteban, solicitaba toda la información sobre la orden cursada a la Delegación del Gobierno en Ceuta, amparada por el acuerdo con Marruecos de 2007 «sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado«. Por otro lado, el Juzgado de Ceuta rechazaba la petición de la asociación Coordinadora de Barrios que solicitaba a la Delegación del Gobierno de Ceuta que suspendiera cualquier actuación «dirigida a repatriar a los menores demandantes de asilo a Marruecos» y en el que pedían «con carácter urgente» ser informados «acerca del procedimiento de repatriación de menores» que, según señalaron, debería acogerse a lo interpuesto en Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Más asociaciones como Elín, No Name Kitchen, Andalucía Acoge, Maakum y Fundación Raíces insistían en la ilegalidad de las devoluciones.
El 16 de agosto de 2021, Marlaska reiteraba el argumento de que los menores «querían regresar a su país» de forma voluntaria alegando que no se trataban de expulsiones sino de «un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo«. Mientras tanto, las organizaciones sociales y humanitarias seguían defendiendo que als devoluciones se estaban realizando «sin garantías y sin asistencia letrada». «Los retornados serán los que determinen las autoridades competentes del menor, no el Ministerio de Interior. Ellas determinan quiénes son los que deben ser retornados», aseveró el ministro haciendo una clara referencia a que las competencias sobre la protección del menor era de la Ciudad Autónoma. Uno de los momentos claves de las devoluciones fue cuando cinco menores solicitaron el Habeas Corpus para no ser expulsados a Marruecos, lo cual suponía «dudas fehacientes de si una situación de privación de libertad es o no ajustada a derecho». Esta misma tarde, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta ordenaba la suspensión de las repatriaciones de nueve menores por «indicios de ilegalidad». Una medida cautelar urgente consistente en la «paralización de las repatriaciones» sin garantías de 12 de los 30 niños. En el gobierno central continuaban los desacuerdos e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, remitió una misiva al ministro del Interior, Grande-Marlaska, en la que reprochaba al titular de Interior que había quedado en evidencia que «el posicionamiento de Derechos Sociales coincide con el mantenido hasta el momento por la justicia, el Defensor del Pueblo, y las organizaciones y ONGs que vienen denunciando que el procedimiento de expulsión no es correcto«, pidiendo el cese de la operación. A su vez, la jueza del Juzgado de Guardia e Instrucción número 2 de Ceuta suspendía las devoluciones de menores migrantes a Marruecos durante 72 horas, así como la desestimación del recurso de habeas corpus.
El 17 de agosto de 2021, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, comenzaba con su defensa en la que alegaba que los retornos se estaban llevando a cabo de forma correcta.
El 18 de agosto de 2021, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional notificó un auto en el que se declaraba competente para resolver el recurso presentado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la repatriación a Marruecos de los menores no acompañados desde Ceuta y rechazaba la medida cautelarísima de suspensión solicitada por los recurrentes, que puede plantearse ante los juzgados competentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El 19 de agosto de 2021, se conoció que el Ministerio del Interior ordenó la devolución de los menores a Marruecos a través de un email dirigido al secretario general de la Delegación del Gobierno de Ceuta, Ismael Kasrou, pese a que ante la audiencia alegó que se trataba de un ruego y no una orden. En el email publicado en por El Confidencial, se podía leer que «dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito hoy mismo».
El 20 de agosto de 2021, la Abogacía del Estado pedía el retorno de menores por «la situación excepcional» de Ceuta tras la crisis. Asimismo, denunciaba la situación de «indefensión» de la Ciudad Autónoma al no permitirle «el trámite de alegaciones». La «situación excepcional y de anormalidad que se encuentran los menores no acompañados que ingresaron en Ceuta a mediados de mayo de 2021 así como las graves dificultades en asegurar su adecuada asistencia social acreditan la necesidad de buscar una pronta solución a esta situación», viendo ésta solución en la repatriación de menores en base al acuerdo firmado entre los dos reinos en 2007.
El 24 de agosto de 2021, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta avalaba la paralización de las devoluciones de los menores a Marruecos. La titular del juzgado rechazaba las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado que defendía las devoluciones por el estado de «excepcionalidad» en la que quedaba la ciudad de Ceuta tras la llegada de miles de personas migrantes de manera irregular hace tres meses.
El 25 de agosto de 2021, el Gobierno de la Ciudad encabezado por Juan Vivas y el Gobierno Central a través de Pedro Sánchez, se reunían para subrayar su empeño en retornar a los menores marroquíes. Sánchez comprometía a continuar en la senda de la devolución de los niños, niñas y adolescentes con un triple refuerzo para «un regreso seguro y ordenado» en tres ejes: «el de las capacidades, el administrativo y el diplomático«, así lo anunciaba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en rueda de prensa en Moncloa tras el encuentro, donde insistió en agradecer a Sánchez haber «evitado el desastre aquel mes de mayo».
El 3 de septiembre de 2021, la Ciudad seguía trabajando con el Gobierno para repatriar a los menores marroquíes con la instalación de un protocolo que permita la devolución de los niños marroquíes y cumpla con la Ley de Extranjería. «La reagrupación familiar es lo idóneo», afirmó el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán.
El 7 de septiembre de 2021, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, insistía en la legalidad de la repatriación de los menores y anunciabala contratación de nuevo personal, 15 en concreto, para analizar caso a caso la situación individual de cada persona.
El 8 de septiembre de 2021, se conocía que la Fiscalía no presentaría alegaciones ante la Audiencia por las devoluciones de menores en Ceuta.
El 6 de octubre de 2021, el Gobierno de la Ciudad reconocía que el plazo para las repatriaciones de menores era «incierto».
El 14 de octubre de 2021, la Audiencia Nacional inadmitía el recurso contra el escrito de Interior sobre retorno menores marroquíes Ceuta. La Sala analizaba la resolución recurrida y concluía que no se apreciaba ninguna afectación a la recurrente, “en la medida en que resulta fácilmente apreciable que la actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad no ha trascendido la esfera interna administrativa, o lo que es lo mismo, no ha proyectado ningún efecto jurídico ad extra o frente a terceros».
El 13 de diciembre de 2021, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, el secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, y a la consejera de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu, con competencias en el Área de Menores, acudían a los Juzgados a declarar sobre la devolución de menores por un presunto delito de prevaricación administrativa. Asimismo, la Fiscalía de Ceuta estudiaba abrir un procedimiento penal o archivar la causa de las devoluciones de menores a Marruecos tras la declaración de Mateos.
El 17 de febrero de 2022, se conocía que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ceuta dictó sentencia en los procedimientos de Protección de Derechos Fundamentales interpuestos por la Asociación Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, en representación de 20 niños que llegaron solos a España y se vieron afectados por las repatriaciones sin garantías iniciadas por la Delegación de Gobierno de Ceuta entre los días 13 y 15 de agosto. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ceuta declara que había habido vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores, significando que “no ha existido procedimiento legal alguno para acordar la repatriación”.
El 18 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad respondió a esta sentencia alegando que la «analizaría judicialmente». El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, mostraba su “respeto absoluto” a las sentencias judiciales, pero insistía en que se aplicó “un acuerdo marco para el retorno asistido” con Marruecos recordando que la sentencia “no es firme, cabe recurso”.
El 13 de junio de 2022, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, salía al paso para apoyar a Mabel Deu eximiéndola de toda responsabilidad. La vicepresidenta era sido denunciada por Fiscalía por un presunto delito de prevaricación en relación a la devolución de los menores migrantes a Marruecos el año pasado. El presidente de la Ciudad, que no solo se ponía a disposición de la Justicia sino que exoneraba a Deu de toda responsabilidad, destacaba el carácter colaborativo y de coordinación entre ambas administraciones, Ciudad Autónoma de Ceuta y Delegación del Gobierno, y recordó que el único autorizado para activar dicho acuerdo era el Ministerio del Interior.
El 30 de junio de 2022, otro de los días claves en todo lo relacionado con la devolución de menores. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba que las devoluciones de menores marroquíes en agosto del año pasado eran ilegales y desestimaba el primero de los dos recursos de apelación interpuestos por Delegación de Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta confirmando la orden de su regreso a España.
El 1 de julio de 2022, la Ciudad confirmó que estudiaría recurrir al Tribunal Supremo la sentencia sobre la devolución de menores.
El 25 de julio de 2022, la Ciudad rectificaba la decisión de cambiar de Consejería el Área de Menores recayendo en Sanidad, Consumo y Gobernación después de que inicialmente estuviera previsto en Servicios Sociales. Esta disposición fue tomada a petición de Mabel Deu.
Mabel Deu, en quien ya no recae la competencia de Menores, y Salvadora Mateos, han sido citadas por un juzgado ceutí para declarar el próximo 1 de septiembre. Deu sigue contando con el inestimable apoyo del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. La Ciudad continúa manteniendo la tutela de, al menos, 300 menores que el gobierno de Ceuta mantiene acogidos en varios centros. De los 55 menores repatriados, 5 han regresado a la Ciudad.
