Las víctimas eran captadas en Paraguay, mayoritariamente entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios tratantes y una vez en España, eran informadas de que debían saldar una deuda económica con la organización criminal. Se ha detenido a los cinco presuntos responsables del entramado criminal que coordinaban la financiación, captación y el traslado de las víctimas a España, además de controlar su estancia en el lugar donde se encontraban explotadas. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica
Agentes de la Policía Nacional han liberado en Valladolid a 13 víctimas de explotación sexual que se encontraban viviendo hacinadas en cuarto de calderas. Las víctimas eran captadas en Paraguay entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las familias de los propios tratantes y una vez en España, eran informadas de que debían saldar una deuda económica con la organización criminal. Se ha detenido a los cinco presuntos responsables del entramado criminal que coordinaban la financiación, captación y el traslado de las víctimas a España, además de controlar su estancia en el lugar donde se encontraban. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
Captadas entre las mujeres de sus propias familias
La investigación comenzó el mes de septiembre del 2021 cuando los agentes contaron con el testimonio de una de las víctimas, que les permitió iniciar las pesquisas para detectar la posible existencia de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la ciudad de Valladolid.
Los investigadores pudieron comprobar que existían anuncios de prostitución en páginas web que eran insertados por uno de los integrantes de la red criminal y que para la realización de las fotografías de los anuncios, de contenido sexual, había contratado a un fotógrafo profesional. También pudieron comprobar que disponían de una red de captadores en Paraguay, Valladolid y Madrid, que se encargaban de localizar en su país de origen a mujeres en situación de extrema pobreza y necesidad para que viajaran a España a ejercer la prostitución.
En la mayoría de los casos, los implicados captaban a las mujeres entre las más jóvenes y vulnerables de sus propias familias, lo que suponía un mayor lucro económico para los miembros de la organización criminal. Las víctimas desconocían las condiciones tan miserables en las que les obligarían a prostituirse, así como el hecho de que tendrían que entregar a sus tratantes al menos la mitad del dinero obtenido por los servicios sexuales, incluso en su totalidad hasta que saldaran la deuda. Una de las víctimas también desconocía que fuera a ser prostituida, dado que su captor la engañó ofreciéndole trabajo como limpiadora.
Los integrantes de la red proporcionaban el dinero y todo lo necesario, conocido como el viático, para viajar desde Paraguay hasta España e instruían a las mujeres para que viajaran en el avión simulando ser turistas, portando un billete de vuelta y una reserva de hotel que no llegarían a utilizar. Según los investigadores, los integrantes del grupo criminal pretendían que las víctimas permanecieran en España en situación irregular, para así acentuar el control sobre ellas infundiéndolas temor sobre su posible expulsión o detención si acudían a la policía. La organización criminal contaba con infraestructura en Madrid para recoger a las víctimas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su alojamiento durante los primeros días y su posterior traslado hasta Valladolid.
Los investigadores detectaron que cuando las víctimas eran trasladadas al piso de Valladolid, la persona máxima responsable de la red o la mujer de su confianza, les retiraba el dinero que habían llevado en el viaje y les informaba del alcance de la deuda que habían contraído con sus tratantes, siendo una cantidad superior a lo que había costado el viaje. Además, obligaban a las mujeres a firmar un falso contrato de arrendamiento para poder justificar, ante una posible acción policial, la apariencia de que las mujeres se encontraban ejerciendo la prostitución de forma libre en una habitación alquilada. También pudieron averiguar que el líder de la organización era el responsable del control de las víctimas y de la explotación, concertando los servicios sexuales por teléfono.
Hacinadas en el cuarto de la caldera y vigiladas por videocámara
Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que apenas dormían, acudiendo los clientes especialmente de madrugada, por lo que las mujeres debían levantarse sin poder negarse a cumplir ningún servicio. También se pudo constatar que debían pedir permiso a la encargada si querían salir del piso, pero nunca podían alejarse mucho ni estar fuera más de un par de horas, debiendo volver rápidamente si algún cliente las solicitaba.
El piso donde llevaban a las víctimas estaba vigilado con cámaras y micrófonos, que visualizaba en su teléfono móvil la máxima responsable del entramado, controlando todo lo que sucedía en el interior del domicilio e imposibilitando que las víctimas hablaran libremente. Cuando se realizaron las pesquisas en el edificio donde se encontraban las víctimas, pudieron comprobar que dormían hacinadas en el cuarto de la caldera, en seis literas encajadas, a pesar de que el piso había sido un antiguo hostal y tenía una decena de habitaciones.
Los tratantes se quedaban siempre con el 50% de lo obtenido por el ejercicio de la prostitución, debiendo aportar la otra mitad para saldar la deuda, por lo que hasta que no estuviera pagada, tenían que entregar a la organización la totalidad de lo recaudado por su explotación. Una vez satisfecha la deuda, los implicados continuarían quedándose con al menos el 50% de los beneficios.
La investigación ha culminado con la desarticulación de la rama en España de la organización criminal, liberando a 13 víctimas de explotación sexual -12 en Valladolid y una en Madrid- y la detención de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración clandestina, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, habiendo ingresado cuatro de ellos en prisión provisional.
