El Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado un nuevo impulso político tras las declaraciones realizadas por Vox en las que plantea deportaciones masivas de inmigrantes. El anuncio, realizado el lunes, ha desatado un aluvión de reacciones tanto desde el Ejecutivo como desde el resto del arco parlamentario.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó duramente a la formación liderada por Santiago Abascal. «Desconocen que este país está creciendo gracias, en gran medida, a la aportación de migrantes», afirmó, calificando la propuesta de Vox como «xenófoba y alejada de la realidad».
Pedro Sánchez también se pronunció sobre el tema a través de su cuenta en la red social X, donde recordó que España «fue durante décadas una tierra de partida» y que ahora, como país de acogida, «quienes llegan contribuyen con su esfuerzo a construir una mejor España». El presidente, que comparecerá este miércoles en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Cerdán, aprovechó la ocasión para recalcar que es necesario «recordar de dónde venimos para entender quiénes somos».
Vox aclara su postura y niega haber hablado de ocho millones
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, intentó matizar la propuesta en una entrevista en Herrera en Cope. Aseguró que su formación no ha hablado en ningún momento de deportar a ocho millones de inmigrantes, calificando esa cifra como una manipulación: «El que haya dicho eso o no ha escuchado las declaraciones o miente deliberadamente».
Millán reiteró que «la inmigración tiene que ser legal y ordenada» y advirtió que nadie que entre ilegalmente en España podrá quedarse. Además, sugirió que también podrían ser repatriadas personas con papeles si demuestran «una incapacidad manifiesta de adaptación» o si «hacen del crimen su forma de vida».
La portavoz culpó a las administraciones públicas de haber provocado un problema que ahora es difícil de solucionar: «La integración se debería haber hecho desde el principio». Según ella, el plan de repatriación sería una medida «menos mala» para evitar que España repita «el modelo fallido de Francia».
El PP rechaza tanto deportaciones como regularizaciones masivas
Desde el Partido Popular, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz marcó distancia con la propuesta de Vox. «En el PP no estamos a favor ni de las regularizaciones masivas ni de las deportaciones masivas», señaló, subrayando que dichas medidas vulneran la legalidad internacional.
Muñoz recordó que la Constitución Española obliga al cumplimiento de tratados internacionales como la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo 4 prohíbe expresamente las expulsiones colectivas.
Mientras el debate migratorio vuelve a ocupar el foco mediático, el Gobierno aprovecha el desgaste que provoca en la derecha esta polémica para reforzar su posición en un momento político especialmente delicado.
