La Fiscalía no está cumpliendo con las inspecciones establecidas en los centros que acogen a menores migrantes en Canarias, a pesar de las denuncias por posibles malos tratos en algunas de estas instalaciones.
Actualmente, las islas cuentan con 81 recursos habilitados para recibir a niños y adolescentes llegados en cayuco. Según los protocolos del Ministerio Fiscal, estos espacios deberían ser supervisados de manera trimestral y sin previo aviso, con el objetivo de garantizar la protección de los menores y detectar posibles irregularidades.
Sin embargo, estas visitas no se están realizando con la frecuencia ni la rigurosidad exigidas, lo que genera preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. La falta de controles efectivos podría dejar a los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad dentro de un sistema ya sobrecargado por la presión migratoria.
