Los vínculos familiares, políticos y profesionales del magistrado Peinado y de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid avivan las dudas sobre la imparcialidad del proceso
El juez Juan Carlos Peinado decidió este lunes imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación de caudales públicos. La acusación se basa en la sospecha de que Álvarez, trabajadora del Ejecutivo, pudo destinar recursos públicos a proyectos académicos vinculados a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La medida, de gran trascendencia política y mediática, se apoya en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid que avaló la investigación y sugirió que la Presidencia del Gobierno podría haber operado como una “estructura institucionalizada de poder” para desviar fondos. Sin embargo, más allá de la instrucción, el foco se ha desplazado hacia las conexiones personales y políticas de los jueces implicados, muchos de ellos con estrechos lazos con el Partido Popular.
La Sección 23, un tribunal con vínculos familiares con el PP
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de revisar las resoluciones de Peinado, ha quedado en el centro del debate. Entre sus integrantes destaca el magistrado Jesús Gómez-Angulo Rodríguez, cuyo hermano, Juan Antonio Gómez-Angulo, fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y presidente del Consejo Superior de Deportes. Amigo personal de Aznar y de Ana Botella, llegó incluso a ocupar la primera tenencia de alcaldía bajo mandato de la exalcaldesa.
La siguiente generación mantiene la cercanía con el PP. Paula Gómez-Angulo, hija de Juan Antonio y sobrina del magistrado, es actualmente concejala del Ayuntamiento de Madrid y participó en el comité organizador del congreso en el que Alberto Núñez Feijóo fue proclamado líder nacional del partido.
La Sección 23 la completan María del Rosario Esteban Meilán y Enrique Jesús Bergés de Ramón, ambos señalados como magistrados próximos al sector conservador de la judicatura. El pasado octubre, este tribunal planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para el procés, en un movimiento interpretado como una confrontación con el Gobierno.
Además, la presidenta de la sala, Esteban Meilán, está casada con el magistrado Eduardo Jiménez-Clavería, conocido por dictar sentencias de orientación conservadora en materia de violencia de género.
El juez Peinado y su entorno
El propio instructor, Juan Carlos Peinado, también acumula relaciones con el Partido Popular. En sus inicios profesionales ejerció como abogado en Ávila junto a Ángel Acebes, ministro del Interior con Aznar, y Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional del PP en tiempos de Pablo Casado. Con González mantiene además un parentesco familiar.
Su entorno más cercano refleja la misma sintonía política: su hija, Patricia Peinado, es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, uno de los bastiones populares en la Comunidad de Madrid. A nivel corporativo, Peinado ha estado vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada de tendencia conservadora, y llegó a figurar en 2024 entre los candidatos propuestos por el PP para el Consejo General del Poder Judicial.
Debate político: ¿independencia judicial o “lawfare”?
Estos lazos familiares y políticos han disparado las sospechas sobre la imparcialidad con la que se instruye la causa. Desde el entorno del Gobierno se denuncia un patrón de “lawfare”, es decir, el uso de la justicia como arma política contra adversarios.
En la oposición, sin embargo, se defiende que las investigaciones deben proseguir y que “la ley es igual para todos”, insistiendo en que la imputación de la esposa del presidente responde a criterios estrictamente jurídicos.
