La crisis migratoria vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros para distribuir a menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia el resto de autonomías —con la excepción de Cataluña y País Vasco— ha desatado una tormenta política con acusaciones cruzadas entre Ejecutivo y oposición.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió la medida aludiendo a la “solidaridad obligada” entre regiones y llegó a advertir de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si alguna comunidad se niega a acoger a los menores. Además, calificó de “xenófobas” las posturas de los gobiernos autonómicos del PP:
“Estos menores migrantes son iguales a los que vienen de Ucrania. ¿Por qué ven diferentes a los niños africanos?”, cuestionó en declaraciones a la radio pública.
La respuesta del Partido Popular no se hizo esperar. Desde Génova, calificaron las declaraciones del ministro como “racistas” y acusaron al Gobierno de utilizar a los menores como “moneda de cambio”, subrayando la exclusión de Cataluña y País Vasco del reparto. “El PP siempre cumple la ley, más cuando se trata de garantizar una vida adecuada a menores que han llegado en situaciones terribles”, apuntó Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales.
Varias comunidades ya han anunciado su rechazo al decreto e incluso una ofensiva judicial. Madrid recurrirá al Supremo, mientras Baleares estudia vías legales para sortear la medida alegando una saturación del “1.000%” en sus centros de acogida. También gobiernos socialistas, como el de Castilla-La Mancha, alertan de que el problema no es la voluntad de acoger, sino la falta de recursos materiales y humanos.
La confrontación se suma a la ya tensa agenda política marcada por los incendios forestales, las disputas en el Senado y los debates sobre defensa. Con este nuevo frente abierto, la gestión migratoria se consolida como uno de los principales focos de fricción entre Moncloa y las comunidades autónomas.
