La organización alerta: el retroceso en las medidas de movilidad sostenible allí donde la derecha está pactando con Vox representa un grave riesgo para el planeta, la calidad de vida y la salud
Activistas de Greenpeace han salido este fin de semana a las calles en distintas ciudades bajo el lema «Libertad es poder respirar», para reivindicar la importancia de las medidas que favorecen la movilidad sostenible en las ciudades y sus beneficios para la salud y el medio ambiente.
Greenpeace expresa su profunda preocupación por las medidas propuestas por algunas corporaciones locales donde la derecha está pactando con Vox, que plantean desmantelar carriles bici, carriles bus, revertir zonas peatonales o reducir al mínimo legal las Zonas de Bajas Emisiones. La organización ecologista considera que estas propuestas representan un significativo retroceso en las políticas de movilidad sostenible, poniendo en peligro la lucha contra el cambio climático, la salud de la ciudadanía y la habitabilidad de las ciudades bajo la bandera de «la libertad de poder moverse en coche».
«No se pueden deshumanizar las ciudades y darles derechos a los coches: es una malvada personificación que se lleva por delante un derecho humano fundamental, la salud», ha declarado Cristina Arjona, responsable de la campaña de movilidad sostenible de Greenpeace, que ha continuado: «Si ahora frenamos las medidas de adaptación al cambio climático en las ciudades, se seguirán produciendo muertes debido a la contaminación y a las olas de calor que se ven agravadas por el uso masivo del coche».
En los últimos días, los pactos de gobierno entre la derecha y la extrema derecha en ciudades como Valladolid, Gijón, Sevilla, Murcia o Elche están asumiendo la eliminación de medidas que fomentan la movilidad sostenible como parte de su agenda política. Esta visión de la movilidad se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que es necesario transitar en el contexto de emergencia climática actual, un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, tal y como se está haciendo en Países Bajos o Dinamarca, donde las medidas que favorecen la movilidad ciclista en las ciudades son incuestionables.
Además, con la supresión de estas medidas, los ayuntamientos pondrían en riesgo millones de euros de fondos europeos: muchas de estas actuaciones relacionadas con la mejora de la movilidad sostenible han sido subvencionadas en los programas de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible y digital del transporte, que se han financiado con los fondos europeos Next Generation y obedecen al objetivo de descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana, mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en las ciudades.
Asimismo, el establecimiento de las ZBE es una de las obligaciones que recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece una hoja de ruta para que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten y diseñen planes de movilidad urbana sostenible para reducir las emisiones de gases contaminantes.
La contaminación atmosférica derivada del tráfico es una de las principales causas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la población. En España fallecen cada año más de 30.000 personas de forma prematura por la contaminación atmosférica. Medidas como derogar el Plan Respira en Sevilla o desmantelar la infraestructura ciclista como se propone en Valladolid o Elche sólo empeorarán la calidad del aire e incrementarán estos problemas.
Además, la ciencia, respaldada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), advierte sobre las graves consecuencias a las que se enfrentará la población si no se toman medidas urgentes para frenar el cambio climático, y resalta que las inversiones en el transporte público interurbano e intraurbano, así como las infraestructuras de transporte activo, pueden contribuir al cambio a modos de transporte menos intensivos en emisiones. En esta línea, más de 600 personas del ámbito de la ciencia de toda España han firmado un manifiesto en el que piden a las administraciones un compromiso para acelerar las políticas para mitigar la crisis climática pidiendo que se basen en criterios científicos y no partidistas.
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El sector con más peso en el global de las emisiones de GEI en España continúa siendo el transporte (29,6 %), que sigue agravando la crisis climática. En este contexto, retroceder en las políticas y acciones en favor de la movilidad sostenible es inaceptable. Estas medidas van en contra de toda la tendencia internacional en movilidad urbana.
Greenpeace hace un llamamiento a las y los responsables políticos para que escuchen a la ciudadanía y reconsideren estas propuestas que socavan la movilidad sostenible. «En este periodo antes de las elecciones tenemos gobiernos locales y autonómicos que ya se están retratando en sus políticas de movilidad sostenible y que afectarán directamente a las políticas climáticas nacionales. En una situación de emergencia climática, en la que la evidencia técnica y científica nos demuestra que no hay tiempo que perder, no podemos permitirnos dar un paso atrás en las políticas de movilidad sostenible desarrolladas hasta ahora, ya que esto tendría graves consecuencias para nuestro planeta, nuestra calidad de vida y nuestra salud», destaca Arjona, y concluye: «Libertad es poder respirar aire limpio en nuestras ciudades y poder llegar donde necesitemos sin tener la obligación de utilizar el coche».
