Los diez acusados de la ‘Operación Etxea’ aceptan penas de entre dos y tres años de prisión tras la supresión del delito de pertenencia a grupo criminal
El denominado ‘juicio de los narcodrones’, que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Ceuta, concluyó este miércoles de forma anticipada gracias a un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los diez acusados por su implicación en la llamada ‘Operación Etxea’. El pacto ha supuesto una notable rebaja en las penas solicitadas, eliminando el delito de pertenencia a grupo criminal y dejando únicamente el de tráfico de drogas.
Cuatro de los procesados, considerados coautores, han sido condenados a tres años y un día de prisión, mientras que los seis restantes, calificados como cómplices, asumirán penas de dos años. Además, todos deberán abonar dos multas de un millón de euros cada una, bajo apercibimiento de añadir tres días de prisión por cada impago.
La causa, que en un principio se iba a extender hasta el jueves, ha concluido un día antes gracias a este acuerdo, que empezó a perfilarse el martes con nueve de los diez encausados. El último acusado se adhirió este miércoles a la conformidad, lo que permitió cerrar la vista con la aceptación unánime de los hechos.
La operación investigó el uso de drones para el tráfico de hachís entre Marruecos y Ceuta, así como el envío en sentido inverso de benzodiacepinas. Los hechos datan de 2021 y fueron objeto de seguimiento por la Guardia Civil, que había citado a una decena de agentes como testigos, además de peritos y técnicos que finalmente no tuvieron que declarar.
Atenuantes y suspensiones
La presidenta del tribunal, Rosa de Castro, dictó sentencia in voce, teniendo en cuenta la atenuante simple de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde los hechos. Las defensas solicitaron la suspensión de las penas para varios acusados, alegando inserción social, tratamientos de desintoxicación o la ausencia de antecedentes penales relevantes.
En el caso de M.E.K. y M.L.M., ambos con penas superiores a los dos años, se aportó documentación sobre su proceso de rehabilitación. Para otros cinco encausados con penas de dos años, se pidió la suspensión por no superar el límite legal y carecer de antecedentes computables. Sin embargo, el fiscal se opuso a la suspensión en dos casos: Y.M.A., alias ‘Laika’, por la gravedad de la pena, y I.M.A., ‘Piolín’, por sus reiterados antecedentes, aunque no vinculados al tráfico de drogas al momento de los hechos.
El tribunal aún no ha comunicado públicamente su decisión sobre la suspensión de las penas solicitadas.
Un proceso que se resolvió con eficacia
El juicio había sido programado para tres días (8, 9 y 10 de julio), pero la disposición de las partes a negociar redujo significativamente su duración. La retirada del cargo de integración en grupo criminal, discutido por las defensas al no haber sido planteado en fase de instrucción, resultó determinante para alcanzar el acuerdo.
