Torre Pacheco (Murcia) – El alcalde del municipio, en coordinación con líderes religiosos musulmanes de la comarca de Cartagena, ha acordado este miércoles una serie de medidas para fortalecer la convivencia y restaurar la cohesión social en la localidad, tras los recientes incidentes de carácter racista ocurridos en la zona.
Durante el encuentro, celebrado en el marco de una creciente tensión social, ambas partes analizaron la situación de la población migrante en el municipio y coincidieron en la necesidad de actuar conjuntamente para que Torre Pacheco recupere “la tranquilidad y la paz”. Así lo expresó Mohamed Ghazli, director de la mezquita de Balsicas, quien destacó la unidad entre vecinos autóctonos y migrantes: “En este pueblo se han criado nuestros hijos. Estamos muy unidos como migrantes, como españoles, y vamos todos mano a mano”, aseguró.
El clima de preocupación se ha intensificado en la última semana tras la agresión a un vecino, presuntamente a manos de tres jóvenes magrebíes, hecho que ha derivado en un repunte de las tensiones raciales y en la convocatoria de manifestaciones no autorizadas contra la población extranjera.
Torre Pacheco, con algo más de 40.000 habitantes, cuenta con un alto porcentaje de población migrante, principalmente dedicada al trabajo agrícola. La localidad se sitúa en el corazón de la industria agroalimentaria murciana, cuya producción de frutas y hortalizas representa el 20% de las exportaciones agrícolas del país y generó en 2024 más de 3.500 millones de euros.
Chebab, un joven de 24 años nacido en España e hijo de trabajadores del campo, resume el sentir de muchos jóvenes descendientes de migrantes: “Mi padre lleva 30 años trabajando en el campo. Nos ha dado casa, comida, todo lo que hemos necesitado. Me siento español, aunque también marroquí”, expresó, convencido de que “los promotores de estos ataques racistas no son del pueblo”.
Para esta tarde está convocada una nueva concentración en la localidad contra la población migrante. Se trata de la segunda movilización consecutiva convocada por grupos ultras, nuevamente sin autorización. La Guardia Civil mantiene desplegado un operativo de más de un centenar de agentes para garantizar la seguridad y evitar altercados, como ya ocurrió en la protesta anterior, donde la intervención policial impidió la participación de agitadores llegados desde fuera del municipio.
Las autoridades insisten en que no permitirán que “minorías radicales rompan la convivencia” en un municipio donde la diversidad ha sido, hasta ahora, uno de sus pilares fundamentales.
