“La policía me quitó el teléfono al llegar a Canarias. Mi hermano murió ahogado en 2020 y yo no pude decir a mi madre que había llegado hasta nueve días después”. Amnistía Internacional ha detectado, dos años después de la anterior crisis y ante un nuevo repunte de llegadas a Canarias, que continúan sin solucionarse aspectos clave para garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de los y las menores que viajan solos
Falta de información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar asilo; ausencia de asistencia letrada y de interpretación de calidad; niños y niñas no acompañados a quienes la policía no identifica, detenidos y enviados a centros para personas adultas y que ven sustraídas sus pertenencias; y falta de infraestructuras para una adecuada recepción en la isla de El Hierro, donde el repunte de llegadas ha sido más acuciante en esta nueva emergencia, son algunos de los problemas estructurales a los que las autoridades no han dado solución después de que octubre se convirtiera en uno de los meses con un mayor número de llegadas de personas migrantes y posibles refugiadas a las islas Canarias.
Cerca de 23.537 personas migrantes han realizado, en lo que llevamos de 2023, la denominada “ruta Canaria”, una de las travesías más peligrosas que existen para llegar a España. 12.000 de ellas lo han hecho entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, de las cuales un gran número son niños y niñas que viajan solos. Pero a pesar de haber declarado la situación de emergencia, el Ministerio de Interior no ha mejorado los recursos humanos ni materiales para hacer frente a esta situación.
«El incremento repentino de llegadas puede presentar retos importantes, pero la realidad es que éstas no son inesperadas o excepcionales. Sin embargo, parece que el Ministerio de Interior se empeña en seguir improvisando respuestas caóticas a estas situaciones, aunque se hayan llevado a cabo algunas mejoras a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones«, señala Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España.
“Es cierto que Canarias cuenta con algunos dispositivos de acogida de emergencia habilitados a finales del 2020 gracias al Plan Canarias del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones y que se están realizando traslados a la Península con mayor celeridad, pero la falta de voluntad política para cumplir con los estándares de derechos humanos sigue siendo evidente», señala la investigadora, después de una misión a las islas de Tenerife y el Hierro entre los días 25 y 28 de octubre en la que ha realizado un total de 21 entrevistas individuales y dos grupales a personas migrantes y solicitantes de asilo, además de reuniones con autoridades y organizaciones.
Falta sistemática de información
Ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional contó con asistencia letrada, un derecho que durante varias semanas no se ha garantizado en los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATES) de Tenerife y El Hierro. Transcurrido este tiempo, cuando finalmente se ha producido, se ha realizado sin la comunicación adecuada, dada la falta de intérpretes suficientes.
Sin una asistencia letrada adecuada, que garantice que las personas migrantes y refugiadas puedan informarse y conocer sus derechos, y que permita evaluar de forma individual la situación de cada una de ellas, es más difícil que puedan detectarse sus vulnerabilidades y necesidades específicas. La falta de asistencia letrada y de interpretación de calidad es especialmente relevante para los casos de personas que, tal y como indicaron algunas con las que habló la organización, podrían enfrentar causas penales porque se les acuse de ser los patrones de la embarcación.
La falta de asistencia letrada de calidad también afecta al derecho de solicitar asilo. Es el caso de cinco hombres malienses entrevistados por la organización que manifestaron su interés en pedir asilo pero que, según su testimonio, al llegar únicamente les solicitaron su nombre y algún dato más, y durante el tiempo que permanecieron detenidos por la policía no tuvieron acceso a asistencia letrada, ni nadie les dio ningún tipo de información individualizada en su idioma [bambara].
Tampoco ninguna de las personas entrevistadas contaba con información o documentación notificando la orden de devolución. Amnistía Internacional recuerda que sin asistencia letrada y sin que haya habido notificación de un posible expediente de devolución, dichas órdenes, en el caso de que hayan sido emitidas, son nulas y por lo tanto no pueden ser ejecutadas. Ahora que se están produciendo devoluciones de personas en vuelos hacia Senegal, la organización estará pendiente de que no se produzcan expulsiones ilegales desde la Península.
Niños y niñas tratados como adultos
“La policía solo me preguntó mi nombre, nada más. Dije que tenía 17 años, pero estoy durmiendo en una tienda con los adultos. Hace mucho frío. Van a intentar trasladarme con los otros menores, pero tengo que esperar”, explica Lamin (nombre ficticio), de Gambia, que viaja solo y que se encontraba en el Centro de las Raíces [para adultos] de Tenerife en el momento de la entrevista.
Amnistía Internacional ha constatado que las autoridades policiales no están identificando adecuadamente a los niños y niñas que viajan sin compañía de personas adultas responsables, incluso cuando su apariencia física indica claramente que pueden ser menores de edad. Un total de 12 de las 29 personas entrevistadas por la organización, y que estaban en los centros de acogida de emergencia para personas adultas, tenían edades comprendidas entre los 15 y 17 años. Todas estas personas menores de edad habían permanecido varios días detenidas en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), junto con personas adultas y, a pesar de ser niños y niñas no acompañados, no habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional según obliga el derecho internacional de los derechos humanos.
“Viajo sola, no conozco a nadie en Europa. He venido porque quiero ser costurera, y ayudar a mi madre, porque tengo cuatro hermanos pequeños en Gambia. Al llegar, cuando la policía me preguntó, le dije a la intérprete que era menor, pero ella me dijo que era mentira, que yo tenía 19 años. Estuve en el CATE dos días, había hombres, mujeres, todos mezclados, solo un baño. Yo tenía que dormir en el suelo porque no había camas suficientes. Ya le he enseñado a la trabajadora social mi certificado de nacimiento para que puedan llevarme a un centro para menores», relata Amie (nombre ficticio) de 17 años, también de Gambia.
Diversas personas, muchas de ellas menores de edad, contaron a Amnistía Internacional que a su llegada la policía les quitó todos sus efectos personales, incluyendo algunos amuletos, así como los teléfonos móviles, metiéndolos en algunas ocasiones en bolsas sin ningún tipo de identificación, complicando así la devolución de estos efectos personales por parte de las organizaciones que se encargan de la acogida de estas personas.
«La policía me detuvo durante tres días, me quitaron el teléfono y nueve días después aún no me lo han devuelto. Cuando me preguntaron la edad les dije que tenía 16, pero me llevaron detenido junto al resto. Una trabajadora del centro me ha dicho que necesito presentar mi certificado de nacimiento, pero no he podido pedirlo porque sin teléfono no me he podido comunicar con mi familia», explica Ibra (nombre ficticio), de Senegal.
Según datos proporcionados por la Fiscal de Trata y Extranjería autonómica, Canarias tiene bajo su tutela a alrededor de 4.000 menores, aunque se desconoce el número de migrantes que hay entre ellos. Además, el Gobierno de Canarias tendría 1.980 menores pendientes de la determinación de la edad en Tenerife y 811 en Las Palmas. Amnistía Internacional sigue recibiendo información de que a pesar de las recomendaciones internacionales realizadas a España, se continúan realizando pruebas médicas sobre la determinación de la edad, incluso cuando los y las menores aportan documentación que lo corrobora. Las autoridades deben garantizar que en todas las decisiones que les afecten prima el interés superior del niño y que los métodos de identificación de la edad cumplen con los derechos humanos, y sólo se utilizan cuando existan serias dudas sobre la presunta edad de un o una menor y no se disponga de documentos u otras pruebas.
España acumula hasta 17 condenas por parte del Comité que vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño por vulneración del interés superior del menor. El Comité ha recordado reiteradamente que mientras el proceso de determinación de la edad esté abierto, debe otorgarse a la persona el beneficio de la duda, lo que supone presumir su minoría de edad, y tratarla como un niño o niña, prevaleciendo el interés superior del menor. Además, los Estados deben nombrar a un representante legal e intérprete para todas las personas que aleguen ser menores de edad, deben abstenerse de realizar pruebas médicas innecesarias cuando existe documentación probatoria de su edad, y solo debe procederse a una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño o de la niña cuando no exista dicha documentación. La evaluación debe realizarse por pediatras y especialistas, sin injerencias o violaciones a su derecho a la intimidad y a su dignidad. Igualmente, debe garantizarse el derecho de pedir asilo a los niños y niñas que lo deseen, y en estos casos además de asignarles un tutor legal, debe garantizarse también la representación legal.
El Hierro, la isla más lejana del archipiélago, con la mayor afluencia
Ya en 2021 representantes de la Subdelegación del Gobierno en El Hierro, isla con una población de algo más de 11.000 habitantes, dijeron enfrentarse a problemas logísticos diarios para alojar a las 1.752 personas que habían llegado entre enero y septiembre. Sin embargo, dos años después y a pesar del incremento de llegadas (solo en los últimos meses de 2023, 9.000 personas habían llegado a esta isla, cinco veces más que en 2021), nada se ha hecho para mejorar esta situación. Las personas que han llegado han sido trasladadas desde el puerto de la Restinga al municipio de San Andrés, en la parte alta de la isla, donde se ha instalado una carpa dentro de un polideportivo en ruinas que no reúne los estándares adecuados para acoger a estas personas.
En muchos casos es la población local la que se hace cargo de la atención de estas personas. Una vez más, Amnistía Internacional denuncia que las medidas ad hoc adoptadas por el Gobierno central no abordan las deficiencias estructurales de un sistema que carece de coordinación y depende excesivamente de organizaciones no gubernamentales o incluso de la población local para cubrir las necesidades cotidianas de estas personas. Frente a esto, la organización pide a las autoridades que establezcan infraestructuras adecuadas para garantizar una acogida digna a las personas migrantes que llegan a El Hierro.
Falta de humanidad en los discursos
A la organización le preocupa que, como ya ha denunciado en el pasado, no haya una política estatal y de corresponsabilidad interterritorial para el traslado a otras comunidades autónomas que permita acabar con la saturación del sistema de acogida de Canarias. Aunque en octubre de 2022 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobó el Plan de Respuesta ante la crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023, con una propuesta de distribución territorial y un crédito presupuestario para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, lo cierto es que la acogida por parte de otras Comunidades Autónomas ha sido muy escasa.
Además de no ser obligatorio, lo que hace que dependa de la voluntad de cada Comunidad el ofrecerse para acoger a menores, esta situación ha sido aprovechada por algunas autoridades para aumentar los discursos racistas y xenófobos que fomentan la violencia hacia colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Amnistía Internacional recuerda que tachar de «invasión», o vincular la llegada de personas migrantes y posibles refugiadas con el terrorismo, las enfermedades, o la inseguridad nacional puede suponer una estigmatización y deshumanización de estas personas. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo de personas vulnerable, lo que se suele conocer como «apología del odio». Por lo tanto, la organización exige que se tomen medidas para acabar con este tipo de discursos.
Peticiones de Amnistía Internacional
- En materia de asilo: Garantizar el acceso a procedimientos de asilo con todas las garantías, incluida la asistencia letrada e intérprete desde el principio y de calidad.
- En materia de acogida: Garantizar la adecuada atención y acogida de personas migrantes y refugiadas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad como niños/as no acompañados.
- En materia de menores: Asegurar la protección jurídica efectiva de los niños y niñas no acompañados y velar por que se aplique el principio de no devolución y se tenga en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial. Impartir formación a los profesionales pertinentes y orientaciones adicionales sobre la determinación del interés superior del niño, llevándose a cabo las pruebas médicas correspondientes únicamente en casos de graves dudas acerca de la edad comunicada y considerando las pruebas documentales u otros tipos de pruebas disponibles. Además, es necesario que la responsabilidad compartida por parte del resto de Comunidades Autónomas sea obligatoria de manera que haya un reparto equitativo de niños y niñas no acompañados en todo el territorio.
- En materia de coordinación: Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones e instituciones con competencia en la materia, a nivel nacional, regional y local, de manera que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas de acuerdo a estándares internacionales.
- En materia de racismo: las autoridades deben abstenerse de realizar mensajes y discursos que incitan a la violencia contra personas migrantes y refugiadas o contribuyen a su estigmación y deshumanización.
