Nunca había entrado tanta gente en un solo salto por la valla de Ceuta. 602 personas consiguieron traspasar las líneas fronterizas marroquíes y españolas para llegar a suelo europeo. Lo que para algunos fue una victoria contra el sistema de fronteras nacional, otros lo vieron como un ataque al mismo
Hay nueve personas pendientes de juicio, a las que la fiscalía pide ocho años de cárcel por, supuestamente, organizar el salto. En el siguiente salto que hubo el Gobierno socialista condenó a todas las personas que habían conseguido pisar suelo español a volver a Marruecos, país que vulnera los derechos de las personas migrantes
Antes de llegar a la valla
En la madrugada del 26 de julio del 2018, casi mil personas se dirigieron corriendo hacia la valla de Ceuta, en un punto meridional de la misma. Algunos llevaban meses, años, esperando este momento. L.J. salió de la capital de la Guinea Conakri. Algunos de sus compatriotas cogieron un avión hasta Marruecos, pero la mayoría salió de su tierra por Mali. Recorrieron el país por el sur, esquivando la guerra que azota el centro y el norte. L.J. cuenta como le atracaron una vez, a golpe de metralleta, pero tenía escondido el dinero en diferentes pliegues de la ropa. Con ese dinero, tal y como tantos guineanos, llegó a Agadez, en centro de Níger, el último oasis antes de cruzar el desierto-cementerio del Sáhara.
Desierto, desierto, desierto y al final, si sobrevives, cruzar la frontera que tienen Marruecos y Argelia. Está muy poco documentado, pero los testimonios de quienes la cruzan son muy duros. Una gran zanja recorre la línea divisoria entre los dos países. Cuando se termina esta brecha en el suelo, hay minas anti-persona. Sólo en 2017 se contabilizaron 34 víctimas mortales por pisar estos artefactos. L.J. consiguió llegar a Tánger, después de trabajar en varias ciudades marroquíes. Tras un periodo de unos tres meses deambulando por Marruecos, se fue a la montaña y esperó.
L.J. es la cuarta persona que cuenta el mismo testimonio. Muchas noches había asambleas. La mayoría de personas eran de Guinea Conakri, pero había nacionalidades muy diferentes del África subsahariana. El campamento se tenía que organizar, era como una pequeña ciudad: para controlar a la prensa que conseguía llegar allí, para evitar que los conflictos entre personas fueran a más, para gestionar las donaciones, para reconstruir el campo después que casi a diario la policía marroquí les despertara con el ruido de los perros. Meses y semanas esperando, para saltar la valla la madrugada del 26 de julio de 2018.
El juicio del salto
Consiguieron entrar 602, aunque el número que se quedó en el imaginario colectivo fue el de los 612. Se criminalizó esta entrada masiva utilizando principalmente el adjetivo de «violento», porque hubo 18 agentes heridos que intentaba parar el salto. Parece que la fiscalía tiene pruebas, además de la versión de los agentes de la Guardia Civil, de que algunas de las personas que saltaron la valla esa madrugada lanzaron objetos y cal viva hacia los agentes de la autoridad que trabajan esa madrugada para evitar que accedieran.
Los agentes heridos sólo precisaron «una primera asistencia facultativa sin tratamientos» según el auto del juez. Aún así, la Fiscalía de Ceuta pide dos años de cárcel para las nueve personas acusadas de dirigir el salto por «quemaduras químicas y contusiones». Se le tiene que añadir una petición de seis años por delitos de desórdenes, más una propuesta de indemnización de 8.205 euros a cada Guardia Civil. Los demás daños materiales se elevan a 13.000 euros.
Un CETI masificado y pases para la Península
Ocho acusados siguen en Ceuta un año después, sin sentencia. Quienes no fueron imputados, junto a L.J., llegaron a la península el otoño pasado. El CETI de Ceuta llegó a alojar más de 1.300 personas, teniendo capacidad para un poco más de 500. En medio de aquel hacinamiento, la muerte de un ciudadano guineano por causas aún sin esclarecer, ocasionaron disturbios en el centro entre algunos compatriotas del fallecido y la comunidad argelina, sobre la cual se puso el foco de la culpabilidad. Ante esta tensión, en tres semanas se tramitaron unos 300 laissez passer, los documentos que permiten el transporte a la Península. Equipos de juristas defensores de los derechos humanos, como los del Servicio Jesuita Migrante o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han conseguido sentencias del Tribunal Supremo que marcan jurisprudencia aseverando que las personas solicitantes de asilo en Ceuta y en Melilla tienen el derecho de moverse libremente por el estado español, aunque a la práctica no se cumpla.
Un año después del gran salto, parte de la sociedad está pendiente del juicio contra los supuestos organizadores de la entrada de 602 personas en territorio español. Otras tantas, celebran su primer boza aniversario. El cumpleaños de ese grito de victoria.