“Las autoridades saudíes deben anular la sentencia condenatoria y la pena de muerte impuestas el 9 de julio por el Tribunal Penal Especializado a Mohammad bin Nasser al Ghamdi, profesor retirado de 54 años, exclusivamente por su actividad pacífica online en Twitter y YouTube, y ponerlo en libertad inmediatamente”, ha declarado Amnistía Internacional.
El hermano de Al Ghamdi dijo a Amnistía Internacional que fuerzas de Seguridad del Estado habían detenido a Mohammad el 11 de junio de 2022, cuando estaba sentado con su esposa e hijos delante de su casa en el barrio de Al Nawwariyyah, en la ciudad de La Meca. Explicó que Mohammad estuvo recluido cuatro meses en régimen de aislamiento en la prisión de Dhahban, cerca de Yeda, tiempo durante el cual no se le permitió contactar con su familia ni con un abogado. Sólo le permitieron contactar con su familia cuando, unos cuatro meses después, fue trasladado a la prisión de Al Hai’ir, en Riad.
“Las autoridades saudíes han dedicado miles de millones de dólares a tratar de rehabilitar su imagen, pero ninguna suma de dinero puede tapar hasta qué punto se ha vuelto represivo el país. La condena a muerte impuesta a Mohammad bin Nasser al Ghamdi, que en total sólo tiene 10 seguidores en sus dos cuentas anónimas de Twitter y YouTube y a quien no se acusa de otra cosa que de expresar sus opiniones en las redes sociales, es ridícula. y una notable escalada de la represión del reino contra cualquier forma de disidencia”, manifestó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es imposible creer que las autoridades saudíes están realmente interesadas en la reforma cuando siguen recurriendo a la pena de muerte en violación del derecho internacional, incluso con la ejecución de menores de edad y de personas condenadas en simulacros de juicio sólo por oponerse al gobierno”.
Según la sentencia dictada en el caso de Mohammad bin Nasser al Ghamdi, que ha analizado Amnistía Internacional, éste fue declarado culpable en aplicación de los artículos 30, 34, 43 y 44 de la ley antiterrorista saudí. Sus supuestos delitos incluyen “renunciar a la lealtad a los custodios del Estado”, “apoyar una ideología terrorista y a una entidad terrorista (la Hermandad Musulmana)”, “usar sus cuentas en Twitter y YouTube para seguir y promover a personas que tratan de desestabilizar el orden público” y “simpatizar con personas detenidas por cargos de terrorismo”. El acta formal de acusación que ha analizado Amnistía Internacional citaba varios tuits por cuya causa se declaraba culpable a Al Ghamdi, en los cuales criticaba al rey y al príncipe heredero saudíes y la política exterior saudí, pedía la libertad de los clérigos detenidos y protestaba por la subida de los precios. No está acusado de ningún delito violento.
Su hermano, el doctor Saeed bin Nasser al Ghamdi, ulema y crítico del gobierno, vive en el exilio autoimpuesto en Reino Unido y cree que Mohammad ha sido condenado a muerte como represalia por su activismo.
“Las autoridades saudíes me han pedido varias veces que volviera a Arabia Saudí, pero yo me he negado. Es muy probable que esta pena de muerte impuesta a mi hermano sea una venganza por mi actividad. De no haber sido así, sus cargos no habrían conllevado una condena tan severa”, dijo a Amnistía Internacional.
Saeed bin Nasser al Ghamdi dijo también que, durante el interrogatorio, preguntaron a Mohammad por sus opiniones políticas y puntos de vista sobre otras personas saudíes detenidas, como los clérigos Salman al Awda y Awad al Qarni, detenidos en 2017, que podrían ser condenados a muerte por sus opiniones políticas.
Arabia Saudí debe eliminar la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla.
“La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Y, en el caso de Mohammad bin Nasser al Ghamdi, la condena parece un castigo vengativo no sólo contra él, sino también como represalia por las acciones de al menos un familiar más abierto políticamente”, concluyó Philip Luther.
Información complementaria
En los últimos dos años, Amnistía Internacional ha documentado una escalada de la represión en Arabia Saudí contra quienes usan las redes sociales e Internet para expresar sus opiniones. Sólo en 2022, Amnistía Internacional documentó los casos de 15 personas condenadas a penas de entre 10 y 45 años de prisión únicamente por llevar a cabo actividades pacíficas en Internet, incluida la condena de prisión mayor duración que se cree se ha impuesto nunca a una mujer saudí por la expresión pacífica en Internet.
Para enjuiciar a estas personas, el Tribunal Penal Especializado ha recurrido a disposiciones imprecisas de la legislación sobre ciberdelincuencia y antiterrorista que equiparan la expresión pacífica y la actividad en Internet con el “terrorismo”.
Arabia Saudí es uno de los principales verdugos del mundo. En 2022, ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años, 3 veces superior al número de ejecuciones llevadas a cabo en 2021 y al menos 7 veces superior a las de 2020.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado. En la actualidad, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y, en total, más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.
