CEAR ha presentado su Informe Anual “Las personas refugiadas en España y en Europa” en la mañana de este viernes. En el informe hay un capítulo dedicado a Ceuta, que desgranamos en este artículo: llegadas de personas migrantes, tarjeta roja «solo válida en Ceuta», oficina de asilo en frontera o las devoluciones en caliente
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado una nueva edición de su Informe Anual “Las personas refugiadas en España y en Europa” a través de una rueda de prensa telemática en la que han analizado la situación del sistema de asilo en España y a nivel europeo según los datos del año pasado, así como las consecuencias que está provocando el coronavirus en la población refugiada y migrante en nuestro país en estos momentos.
A lo largo de 2018, el número de personas que habían abandonado sus hogares en todo el planeta para escapar de la persecución, las guerras o las violaciones sistemáticas de los derechos humanos aumentó en 2,3 millones respecto al año anterior y se situó en 70,8 millones. Una cifra jamás antes registrada en este siglo. En el caso de España, alcanzamos un nuevo registro histórico de solicitantes de asilo, 118.264, que nos situó como el tercer país de la Unión Europea y, en el primer semestre de 2019, como el quinto del mundo en nuevos solicitantes. «Recordemos que no hace demasiado tiempo, entre 2008 y 2014, nuestro país atendía cada año a menos de seis mil», ha explicado Carlos Berzosa, presidente de CEAR, quien ha recordado que «detrás de cada persona refugiada hay una historia, toda una vida y unos sueños que aún muchos esperan poder cumplir».
Desde la organización han señalado que «la magnitud de esta odisea no se entendería sin las frías cifras que un año más se cuentan por millones. Cifras de desplazamientos forzosos, muertes o llegadas, pero también de esperanza en que muchas de estas historias puedan tener un final feliz».
32.513 personas llegaron por las fronteras marítimas y terrestres de Ceuta y Melilla
La ruta migratoria hacia España pasó a ser la segunda más frecuentada del Mediterráneo, después de que el año pasado se convirtiera en la principal vía marítima de entrada a Europa. Unas 32.513 personas llegaron por las fronteras marítimas y terrestres (Ceuta y Melilla), un 50% menos que en 2018. «Este pronunciado descenso se debe principalmente al refuerzo de las relaciones entre España y Marruecos en materia migratoria» apuntan en su informe. «Al comienzo de 2019 la mayoría llegaba principalmente por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, pero a partir del último cuatrimestre de 2019 se reactivó la peligrosa ruta atlántica hacia Canarias, con un 106% de incremento. En lo que llevamos de 2020 ya han llegado el mismo número de personas a las islas que el año anterior» remarcan.
Personas que buscan refugio
El presidente de la organización ha recordado que más de 118.000 personas buscaron refugio en España, el doble que su anterior récord de solicitudes en 2018. El 77% del total procedía de seis países americanos: Venezuela (40.906), Colombia (29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784) y Perú (3.989). Por el contrario, la exigencia de un visado de tránsito aeroportuario explica el acusado descenso de las personas originarias de Siria, Palestina y Yemen.
España se situó en el tercer lugar entre los países de la UE que más solicitantes atendieron detrás de Alemania y Francia, y por delante de Grecia e Italia. El porcentaje de solicitudes presentadas en España es del 16% del total de la UE.
«El sistema de asilo se encuentra bloqueado», ha lamentado durante la rueda de prensa, para referirse a que de las solicitudes de asilo resueltas, solo el 5,2% fueron favorables, muy lejos del 31% de media europea. Poco más de 3.000 personas lograron el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria de los más de 60.000 expedientes que se examinaron.
En su lugar, ha detallado Berzosa, las autoridades españolas concedieron la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 40.000 personas, en su inmensa mayoría originarias de Venezuela, mientras que más de 17.000 solicitudes fueron denegadas, entre ellas muchas que proceden de países en conflicto o con graves situaciones de desprotección, como pueden ser Colombia, Palestina, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
«No sabemos por qué se deniegan estas peticiones de asilo, pero nos gustaría que nuestro país fuese más acogedor a nivel legal» ha asegurado.
«A pesar del refuerzo importante de medios y del personal de la Oficina de Asilo y Refugio, a finales de 2019 más de 133.000 personas estaban a la espera de una resolución de la que depende su futuro, la mitad de ellas de Colombia y Venezuela. En la Unión Europea, solo Alemania tiene más solicitudes en trámite» detalla la organización en su informe.
En los últimos tres años se han duplicado las plazas de acogida hasta las 9.000 actuales. «Un incremento sustancial, pero insuficiente, para atender a las más de 324.000 personas que han solicitado asilo en el mismo periodo de tiempo» lamentan y añaden que «la saturación originó que para acceder a una plaza de acogida temporal el plazo medio de espera creciera de cuatro a seis meses«.
Cooperación con Marruecos
Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR, ha destacado que en España ha sido, en el contexto europeo, la segunda ruta de llegadas, solo superada por Grecia. Y ha apuntado que la reactivación de la ruta atlántica hacia Canarias a partir del último cuatrimestre de 2019 puede explicarse por la intensificación del control en la zona del Estrecho, costas andaluzas y Ceuta y Melilla.
En el Informe también detallan el “plan de refuerzo y modernización del sistema de protección fronteriza”, con un presupuesto superior a 32 millones de euros, con el que pretende avanzar hacia una “frontera inteligente”, incluyendo la instalación de renovadas cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial.
Una de las medidas «más emblemáticas», según CEAR, ha sido el comienzo, en diciembre, de los trabajos de retirada de las concertinas de los perímetros de ambas ciudades autónomas, no sin antes verificar el avance por parte de Marruecos de su instalación en su lado de la frontera. La retirada de dichas concertinas fue anunciada ya en el verano de 2018 y, con ocasión de la presentación del referido plan de refuerzo del control fronterizo, el Gobierno afirmó que serían sustituidas por “otros elementos más seguros y menos lesivos”.
Dificultad para solicitar asilo en frontera
En cuanto al lugar de presentación de las solicitudes, el informe de CEAR destaca que el 93,8% se formalizaron dentro del territorio nacional, mientras que las cursadas en un puesto fronterizo apenas alcanzaron el 5,9% (7020) y en las misiones diplomáticas españolas, limitadas a la extensión familiar del derecho de asilo, 307 (0,3%).
«Estos datos evidencian la ausencia de vías legales y seguras para recurrir al procedimiento de protección internacional en España. Especialmente preocupantes son las dificultades de acceso a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla de las personas de origen subsahariano, así como el olvido de la medida contemplada en la Ley de Asilo de efectuar el traslado desde las representaciones diplomáticas al territorio nacional para solicitar protección internacional».
Llegadas de personas migrantes a Ceuta durante 2019
CEAR analiza en su informe las llegadas de personas migrantes, destacando que se mantuvo estable el número de personas migrantes llegadas por mar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1.512), mientras que se redujo el de las que recurrieron a la vía terrestre (6.345). Este descenso fue particularmente relevante en Ceuta, donde el número de personas llegadas por tierra disminuyó el 31,2% respecto a 2018, un dato que el Ministerio del Interior atribuyó al blindaje del perímetro fronterizo y al desvío de las rutas hacia el mar.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta empezó 2019 con datos históricos, acogiendo a 510 residentes, casi al límite de su capacidad, que es de 512 plazas. La ocupación se mantuvo relativamente estable y finalizó el año con un total de 1.866 personas acogidas, con Argelia (56%) y Guinea (27%) como países de origen del mayor número de ellas.
Solicitudes de asilo en el CETI de Ceuta
En Ceuta el 69% del total de residentes del CETI fue en algún momento solicitante de protección internacional, otro hecho novedoso respecto a años anteriores, como también lo fue la presentación de solicitudes por parte de personas de origen subsahariano, algo que no sucedió en 2018. Este hecho motivó un incremento de solicitantes en esta ciudad autónoma del 65%: de 348 a 577. Este dato se explica por la puesta en marcha, el pasado 1 de septiembre, de la oficina de asilo y refugio del puesto fronterizo, que formalmente se había inaugurado en 2015.
La Oficina de asilo del Tarajal
Esta dependencia de El Tarajal registró las solicitudes de protección internacional, por el trámite acelerado de frontera, de los dos grupos de personas subsaharianas que entraron en la ciudad autónoma. El primero saltó la valla el 30 de agosto y a lo largo de las dos primeras semanas de septiembre se formalizaron 148 solicitudes, de las que solo 19 fueron admitidas a trámite. El segundo accedió a la ciudad el 18 de noviembre por El Tarajal en furgoneta y en los días posteriores se tramitaron 52 solicitudes, admitiéndose a trámite las de 4 varones y 16 mujeres junto con dos menores acompañados.
«Es muy significativo que todas las personas subsaharianas que solicitaron asilo en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas lo hicieran tras haber ingresado en el territorio de forma irregular. Lo sucedido en 2019 evidencia, de nuevo, la imposibilidad de que accedan directamente a la protección internacional en esos puestos porque las autoridades marroquíes les impiden cruzar la frontera».
Devoluciones en caliente
El informe de CEAR recoge también en su apartado dedicado a las ciudades autónomas, las devoluciones en caliente. «Un año más, continuaron produciéndose “devoluciones en caliente”, una práctica que en 2017 fue declarada ilegal en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la intervención de CEAR como tercera parte» recuerdan.
«Desafortunadamente, el 13 de febrero de 2020 la Gran Sala del TEDH, apartándose de su propia jurisprudencia, concluyó que en el caso objeto de debate España no habría vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al entregar a las autoridades marroquíes a dos personas de origen subsahariano que saltaron la valla de Melilla en 2014» lamentan, pero añaden que «a pesar de esta desalentadora sentencia, CEAR sigue defendiendo la ilegalidad y la inconstitucionalidad de estas prácticas, entre otras razones porque privan a la persona migrante de su derecho a la tutela judicial efectiva y vulneran el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra».
Las responsables de CEAR han anunciado que «el Tribunal Constitucional no ha llegado a un consenso y todavía debe pronunciarse sobre la materia a raíz del recurso interpuesto en su día por los grupos parlamentarios Socialista, UPyD, Izquierda Unida y Mixto contra la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana que intenta regularizar estas prácticas y no tiene por qué asumir el planteamiento del Tribunal de Estrasburgo. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es una garantía de mínimos y no existe ningún impedimento para que el Alto Tribunal declare estas prácticas inconstitucionales».
Tarjeta roja, «válida solo en Ceuta»
El informe recoge que un año más el Ministerio del Interior mantuvo la restricción de movimientos impuesta a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran en Ceuta y Melilla, «a pesar de que desde 2010 los tribunales han subrayado su ilegalidad en numerosos pronunciamientos. Y, por tanto, de nuevo el servicio jurídico de CEAR continuó defendiendo ante los tribunales el derecho de las personas solicitantes a la libertad de residencia y de circulación por todo el territorio nacional».
En Ceuta, en 2019 se presentaron 194 recursos administrativos contra la inserción de la mención “válido solo en Ceuta” en la documentación de las personas solicitantes de protección internacional y se tramitaron 108 recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó catorce sentencias favorables para las personas solicitantes. Asimismo, este Tribunal ordenó cautelarmente el traslado a territorio peninsular de 40 solicitantes de protección internacional en Ceuta, mientras se sustanciaba el procedimiento judicial.
A pesar de ello, la prolongación de la estancia de estas personas en los CETI sigue siendo «inaceptable«. Mientras que en el de Ceuta la temporalidad media en 2019 de una persona residente fue de 129 días, las personas solicitantes de protección internacional atendidas por el servicio jurídico de CEAR debieron esperar una media de 300 días hasta ser trasladadas a territorio peninsular o de hasta 420 días en el caso de aquellas que lo hicieron solo gracias a un auto de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
«Conviene recordar que los CETI acogen a una población muy diversa, entre la que se encuentran personas en situación especialmente vulnerable (como mujeres, familias con hijos menores, víctimas de trata, personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ o fieles de religiones minoritarias), y la dilatación de su estancia puede acarrear graves consecuencias personales» recuerdan y apuntan a que «por esa razón, muchas optan por intentar alcanzar el territorio peninsular de forma clandestina».
