Caballas achaca al Gobierno de la Ciudad una gestión ineficiente, un tanto oscura, y «no lo suficientemente explicada» en relación a sus relaciones con la empresa constructora Tragsa. Encargada de varias obras públicas en Ceuta.
Las decisiones gubernamentales están suponiendo, según Caballas, «un innecesario encarecimiento de las obras (estimado en ocho millones de euros hasta la fecha)». Además de conllevar «dos consecuencias negativas que ya se previeron en su día, el debilitamiento de las empresas locales, y lo la “exportación” de los puestos de trabajo a empresas subcontratadas, sin relación alguna con Ceuta».
Según Caballas la Ciudad confía la gestión de estas obras de manera plena, injustificada y ciega en esta empresa y delega funciones que sólo traen consecuencias negativas a Ceuta. «La materialización de objetivos llega tarde, mal y a un alto coste», por eso denuncian que la propia Tragsa, «haciendo una interpretación torticera e interesada de la norma, computa los materiales de manera independiente de la mano de obra para cumplir “formalmente” la obligación ejecutar directamente el 51% en contra del criterio habitual de hacerlo conjuntamente» y también “subcontrata casi la totalidad de la mano de obra con empresas en su mayoría peninsulares que no contratan a trabajadores de Ceuta». Ocasionando serios perjuicios al conjunto de la sociedad ceutí.
Caballas considera que «la Ciudad tiene mecanismos legales para evitar que se produzca este injusto fraude. Ceuta no se puede permitir el lujo de “exportar” los pocos puestos de trabajo que se crean» ya que «en la Capital del Paro, es una canallada».
Por todo ello van a pedir «en el próximo Pleno de la Asamblea a la Ciudad que, en los encargos que se hagan a TRAGSA, se incluya una cláusula que obligue a contratar a través del Servicio Público de Empleo de Ceuta, a los trabajadores necesarios para la ejecución de las obras, salvo para aquellos puestos de trabajo que requieran una cualificación muy especializada».