La organización sindical critica la incapacidad de gestión de la Dirección Provincial y advierte sobre la posible ilegalidad del proceso.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su “radical oposición” a la privatización del servicio de valoración médica de la discapacidad que presta el IMSERSO, una decisión que califica de “ilegal” e “irresponsable”.
Según denuncia el sindicato, la Dirección Provincial del IMSERSO ha optado por contratar de forma externa a una clínica local para llevar a cabo parte de las valoraciones médicas, en un intento de paliar el atasco de más de 1.500 expedientes, algunos con más de año y medio de retraso. CCOO atribuye esta situación a la “manifiesta ineptitud” del Director Territorial, al que responsabiliza de no haber adoptado medidas eficaces con anterioridad.
Desde el sindicato aseguran haber propuesto alternativas viables en distintas sesiones de la Comisión Ejecutiva del IMSERSO, como la movilidad temporal de médicos de otros centros del organismo, la colaboración con personal del INGESA o una reorganización interna de los recursos disponibles. “No es cierto que no existan medios públicos para afrontar este servicio”, insisten.
CCOO considera que esta externalización representa una “inadmisible renuncia” a ejercer una potestad administrativa que debe garantizar imparcialidad, calidad en el procedimiento, y el cumplimiento de normativas clave como la Ley de Protección de Datos o la Ley de Incompatibilidades.
Asimismo, critican la fórmula empleada para llevar a cabo la contratación: un contrato menor adjudicado directamente, sin concurrencia ni mecanismos de control suficientes. El sindicato recuerda que esta modalidad tiene un límite legal de 15.000 euros y alerta de que solo permitirá resolver la mitad de los expedientes pendientes, lo que podría derivar en una situación de prevaricación por fraccionamiento del contrato si se repite el procedimiento.
Finalmente, CCOO denuncia que el coste pactado —15.000 euros por 800 valoraciones— plantea serias dudas sobre la calidad del trabajo que se va a realizar. “Estamos hablando de informes médicos complejos, que no pueden tratarse como si fueran trabajos al peso. Esta decisión afecta directamente a familias vulnerables y supone un grave deterioro de un servicio público esencial”, concluye el sindicato.
