La reciente visita de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación a Ceuta ha generado una honda decepción entre los profesionales del sector. Durante tres días, la responsable ministerial mantuvo reuniones con la Dirección Provincial, algunos equipos directivos, docentes de FP Básica y representantes empresariales. Sin embargo, decidió no incluir en su agenda a los sindicatos, lo que ya generó el primer malestar entre la comunidad educativa.
El mensaje institucional que dejó tras su paso por la ciudad fue que se está trabajando para lograr una FP «ágil, flexible, dinámica, adaptada al modelo productivo y accesible para toda la ciudadanía». Una declaración genérica y vacía que, según denuncian desde el ámbito educativo local, podría aplicarse indistintamente a cualquier lugar del mundo y que, lejos de aportar soluciones concretas, evidencia la falta de compromiso real con la situación de la Formación Profesional en Ceuta.
Uno de los temas clave que ni siquiera se abordó durante la visita fue el futuro de la llamada “Ciudad de la FP”, un ambicioso proyecto recogido en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado por el Consejo de Ministros en 2022. Desde entonces, no se ha dado ningún paso hacia su materialización, ni tampoco se ha comunicado de forma oficial una renuncia al mismo. Una omisión grave, dado el nivel de respaldo político con el que se presentó.
Tampoco se ofrecieron explicaciones convincentes sobre el estado del Centro Integrado de FP nº 1, que, tras cuatro años de funcionamiento, aún carece de reglamento interno y plantilla orgánica. Esta carencia limita su capacidad para aplicar plenamente la normativa vigente y lo relega, de facto, a la categoría de instituto común que solo imparte ciclos formativos, algo muy alejado del modelo que la legislación establece para este tipo de centros.
La secretaria general llegó a minimizar la importancia de los centros integrados, defendiendo un retorno a la potenciación de la FP en institutos de secundaria, una postura que muchos interpretan como una concesión al proceso de privatización del sistema educativo. Una estrategia que, según las voces críticas, responde más a criterios de rentabilidad económica que de calidad formativa, dejando a las familias más vulnerables en clara desventaja.
La implantación de la FP Dual en Ceuta es otro de los puntos negros del sistema. Se ha realizado de forma precaria, sin recursos ni soporte institucional, y gracias únicamente al esfuerzo individual del profesorado. Las carencias normativas, especialmente en aspectos fundamentales como la acreditación de los tutores de empresa, han obligado a los docentes a improvisar y sortear obstáculos legales sin ningún tipo de respaldo.
A ello se suma el retraso en la implementación de los Certificados de Profesionalidad, cuyo plazo legal expiró en enero sin que se haya comenzado su impartición en la ciudad. Tras una instrucción confusa e incompleta, la administración optó por posponerlo al curso siguiente, sin haber solucionado en estos meses las deficiencias que lo impidieron inicialmente.
Pero quizás el caso más grave sea el de la paralización del procedimiento de acreditación de competencias profesionales, del que dependen más de 300 ceutíes que llevan dos años esperando una resolución. La falta de una norma específica que regule este proceso, incluyendo las retribuciones de los evaluadores, ha bloqueado por completo esta vía de progreso profesional. Una situación fácilmente resoluble si se tomara como referencia cualquiera de las normativas vigentes en las 17 comunidades autónomas.
Mientras tanto, desde el Ministerio se insiste en que se está trabajando por una FP moderna, inclusiva y eficiente. Pero en Ceuta, la realidad dista mucho de ese discurso. La comunidad educativa reclama menos eslóganes y más soluciones. Porque la FP en Ceuta no está para excursiones institucionales, sino para actuaciones concretas y urgentes.
