La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado hoy el informe «Migración en Canarias, la emergencia previsible», en el que la entidad analiza cómo las Islas se han convertido en un nuevo escenario de la política de contención migratoria, un modelo ya utilizado en Grecia, basado en retener a las personas migrantes en territorios insulares como mecanismo disuasorio y promoviendo la deportación como principal estrategia de gestión.
Desde CEAR en Canarias destacan que el aumento de las llegadas en los últimos meses de 2020, unido a la falta de previsión y descapitalización que arrastraba el sistema de acogida en las islas, propició lavulneración reiterada de la propia legalidad española con detenciones y privación de libertad sin amparo jurídico, falta de asistencia letrada a personas migrantes y, debido a esto, se produjo una falta de atención a niños y niñas que viajan solas, potenciales víctimas de trata o posibles solicitantes de asilo.
Así, el informe plantea además propuestas para que no se vuelvan a repetir «situaciones inhumanas», como las calificó el coordinador de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo. La continuación de estas políticas supondría una «continua vulneración de derechos cuyas principales víctimas, pero no las únicas, son las personas migrantes», añadió.
La presentación del informe ha tenido lugar hoy en la sede del Cabildo de Gran Canaria, junto a Carmelo Ramírez, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien sostuvo que las 23.000 llegadas a las islas en 2020 no eran imposibles de gestionar, pero el Gobierno prefirió «usar Canarias como islas cárceles», frente a lo que exigió «una política humana y racional».
Por su parte, desde CEAR señalan que fue la gestión inadecuada desde una perspectiva de emergencia para un fenómeno que es estructural lo que provocó que el incremento de llegadas acabara convirtiéndose en una crisis humanitaria en el archipiélago, con miles de personas en condiciones infrahumanas acumuladas en un muelle portuario. Al mismo tiempo que denuncian que «se ha normalizado un trato inhumano a las personas migrantes, viéndose obligadas miles de ellas a permanecer durante semanas (en algunos casos meses) en situaciones de absoluta privación de servicios básicos y condiciones de vida digna».
Debido a esta situación, CEAR apunta que se han producido dos fenómenos opuestos. Por un lado, se ha transmitido a la ciudadanía una imagen de pérdida de control por parte de las instituciones sobre el fenómeno migratorio, dando pie a la propagación de mensajes xenófobos de forma injustificada. Y al mismo tiempo, estos mismos hechos han dado lugar a redes de solidaridad ciudadana para acompañar y dar apoyo a las personas migrantes, demostrando una vez más el espíritu de acogida de los isleños.
Propuestas para no dejar «aisladas»
El documento, financiado por el Cabildo de Gran Canaria, dentro del proyecto Tansetla: «Dos orillas: Cooperación y Desarrollo desde los Derechos Humanos», recoge además 12 propuestas para adoptar una «política migratoria más justa, eficaz y eficiente».
Entre ellas, se plantea redimensionar el programa de acogida humanitaria dotándole de una mayor estructura estable y flexible, activar una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, modificar los protocolos de atención a menores, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, implicar al conjunto de los países de la UE a través de la reubicación, así como establecer una línea clara de comunicación política positiva que neutralice el discurso del odio, impulsando al mismo tiempo medidas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación.
Estas medidas están incluidas en las peticiones que CEAR planteó al Gobierno central «para no dejar aisladas» a las personas migrantes ni al propio archipiélago en la gestión del fenómeno migratorio, y que ya cuentan con el apoyo de 3.448 firmas individuales y 53 organizaciones.
