Asimismo, reclama al Gobierno español un mayor compromiso con los derechos humanos en las fronteras, ampliando y activando vías legales que eviten más muertes
“Algunos de mis amigos más cercanos están muertos, otros están en la cárcel, otros ni siquiera sé dónde están”, afirma Yahya, en un vídeo que ha publicado hoy la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el marco del Día Internacional del Migrante. Este joven sudanés es una de las cinco personas a las que ha entrevistado la organización sobre la peor tragedia ocurrida en la frontera entre España y Marruecos: al menos 23 personas fallecieron, 470 fueron devueltas sin garantías y más de 70 continúan desaparecidas.
Los cinco refugiados, acogidos por CEAR en un centro de atención humanitaria para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, coinciden a la hora de señalar la violencia con la que se emplearon las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas en la frontera, pero también durante los días previos, cuando según cuentan fueron forzados a abandonar los campamentos del monte Gurugú. “Vinieron a hablar con nosotros y nos dijeron: mañana vendrán las autoridades marroquíes y os harán saber lo que es bueno, será mejor que os marchéis de esta montaña”, explica Ammar sobre la precipitada decisión que tomaron de cruzar la frontera.
“Cuando llegamos a la valla, nos esperaban numerosos hombres. Intentamos escalarla, pero nos obligaron a desplazarnos a la puerta de entrada, un lugar muy pequeño. Nos lanzaron piedras desde fuera. Las autoridades españolas también nos rociaban con un spray, nos disparaban con las balas de goma y tenían bombas de ruido”, denuncia Ahmed. Un relato que contradice la versión oficial del Gobierno español de que se hizo un uso proporcional de la fuerza para evitar las entradas irregulares. “Son ellos los que han empleado la violencia. El número de muertos supera los 70, todos ellos migrantes”, recuerda Yahya.
En relación a las muertes y a las devoluciones ilegales de las que fueron testigos, todos afirman que nunca van a poder olvidarlas: “Había amigos que estaban heridos, con huesos rotos y, aunque habían cruzado la valla, fueron devueltos”, afirma Annour.
Migraciones con derechos
Estos testimonios muestran las “continuas” vulneraciones de derechos y la falta de garantías que sufren las personas migrantes en su trayecto hacia Europa, y refuerzan la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva para que haya “justicia, reparación y no repetición”. Al mismo tiempo, CEAR recuerda con este vídeo que para las personas de origen subsahariano resulta imposible acceder al puesto fronterizo para solicitar asilo, y tampoco España habilita la posibilidad de que puedan hacerlo en el consulado, pese a que la Ley lo contempla, lo que les deja como única alternativa “arriesgar sus vidas saltando vallas”, tal y como señaló la Comisaria Europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, tras su visita a Melilla a principios de noviembre.
“Las políticas de migración europeas y españolas están centradas desde hace décadas en evitar a toda costa las llegadas. Lamentablemente, la propuesta de nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo refuerza aún más este enfoque basado en externalizar nuestras fronteras a países como Marruecos, donde no se garantiza ni siquiera el derecho a la vida, una obligación internacional”, denuncia Estrella Galán, directora general de CEAR, que reclama al Gobierno español un “mayor compromiso con las vidas y los derechos humanos”.
Para hacer realidad este nuevo enfoque de migraciones con derechos, la organización exige cumplir con los compromisos adoptados en los Pactos Mundiales de Migración y Refugio de 2018; investigaciones exhaustivas e independientes para que no se repitan tragedias como la sucedida en Melilla; garantizar el deber de socorro en las fronteras, algo que no sucedió el 24 de junio; ampliar y activar vías legales y seguras ya existentes y reconocidas por la Ley de Asilo (visados humanitarios, reasentamiento, posibilidad de solicitar asilo en embajadas y representaciones consulares, etc.); poner fin a las devoluciones sumarias que impiden acceder al procedimiento de protección internacional; acabar con la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes; y promover narrativas positivas, así como políticas de convivencia “para contrarrestar discursos antinmigración y construir sociedades inclusivas y diversas”.
