La organización recuerda que 2021 fue un año de grandes éxodos, aunque no todos recibieron la misma atención, ni la misma respuesta política
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado en la presentación de su vigésimo ‘Informe 2022: La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, que se ofrezca un trato igualitario a la hora de acceder a la protección a todas las personas que lo necesitan, independientemente de su origen o procedencia. La organización considera una buena práctica la respuesta que se ha dado, tanto a nivel europeo como español, al desplazamiento desde Afganistán, o más recientemente a quienes han tenido que huir por la invasión de Ucrania.
CEAR señala que 2021 será recordado por ser un año de grandes éxodos globales que han provocado que actualmente en el mundo más de 100 millones de personas hayan sufrido desplazamiento forzoso. Entre los sucesos de mayor impacto en nuestro país durante el pasado año, además de la continua llegada de personas a través de la ruta canaria, destaca la entrada en Ceuta de miles de personas, en la cual se produjeron falta de identificación de situaciones de vulnerabilidad y devoluciones sumarias. Unas prácticas que también se dieron en islotes españoles.
En contraposición, señala la rápida respuesta del Estado español para colaborar en la evacuación de personas afganas, en el marco de la Operación Antígona, que demostró que con voluntad política el sistema de protección y acogida puede adaptarse para responder «ágil y eficazmente».
Retos y oportunidades del sistema de asilo
El año pasado, España duplicó su tasa de reconocimiento de asilo hasta el 10,5%, una mejoría que la entidad espera que las autoridades sigan ampliando este año para acercarse a la media europea del 35%. Sin embargo, el número de personas solicitantes de protección internacional se redujo un 26%, en parte, debido a las restricciones de movimiento por la pandemia, pero también porque siguen existiendo enormes dificultades de acceso al territorio español, manteniendo visados de tránsito a personas de países en conflicto como Siria, Palestina y Yemen.
Además, una de las principales preocupaciones de la organización se centra en la dificultad del acceso al procedimiento de protección una vez en el territorio: la escasez de citas telemáticas, los retrasos en las mismas y criterios dispares en los requisitos de acceso a la formalización de la petición según la provincia donde se solicite, lleva a las personas a tardar entre seis u ocho meses de media para presentar su solicitud de asilo.
Del total de 69.891 resoluciones que hubo en 2021, solo 7.371 fueron favorables, destacando positivamente la protección concedida las personas procedentes de Malí, con más de un 82% de peticiones aceptadas, consolidándose el cambio de tendencia que se inició el año anterior, ya que hasta 2020 eran rechazadas mayoritariamente. En contraposición seguimos viendo como los casos procedentes de Colombia, Honduras o El Salvador, siguen recibiendo más del 90% de resoluciones desfavorables, a pesar de los altos índices de violencia que sufren muchas personas en estos países.
Debido a la falta de vías seguras, las personas procedentes de países africanos tuvieron que volver a arriesgar sus vidas para llegar a nuestro país. Al menos 1.109 personas perdieron la vida en su trayecto hacia Canarias, récord de muertes en la ruta atlántica, que se consolida como una de las más peligrosas del mundo.
Como gran oportunidad, la organización destaca especialmente la gestión del tratamiento y la acogida de emergencia de personas procedentes de la invasión de Ucrania, lo cual ha demostrado nuevas formas de hacer mucho más eficientes, ágiles y coordinadas, facilitando el acceso de las personas a la protección a través de la innovadora puesta en marcha de los CREADE (Centros de Recepción, Atención y Derivación). Este modelo debería ampliarse y extenderse a todas las personas que llegan a nuestro país solicitando protección internacional ya que permitiría un proceso de registro y acceso al sistema a través de estas «ventanillas únicas del asilo» para su posterior formalización, estudio y canalización por las vías habituales.
«En los grandes exilios forzosos de 2021 y de este año hemos visto las dos caras de la Unión Europea y España. Es importante aprender de las buenas prácticas y que se promueva siempre un mensaje en positivo vinculado a quienes acogemos en los países de recepción para evitar los miedos y el rechazo social, garantizando el acceso a la protección como punto de partida de cualquier Estado de Derecho. Por eso, la experiencia de la acogida de Ucrania, con la puesta en marcha de los CREADE, ha sido muy positiva y ha proyectado una imagen de solvencia y coordinación necesaria, por lo que proponemos su continuidad, extendiéndose a todas las personas solicitantes con independencia de su lugar de origen o procedencia», declara Estrella Galán, directora general de CEAR.
Asilo en Europa y nuevo Pacto
630.630 personas solicitaron protección internacional en la UE el año pasado, alcanzando cifras previas a la pandemia. Alemania (190.545), Francia (120.685) y España (65.404) fueron los tres principales países de acogida.
A nivel europeo, CEAR también recuerda los pocos avances que se dieron en 2021 en las negociaciones sobre el Nuevo Pacto de Migración y Asilo. Hasta la fecha se han alcanzado acuerdos sobre la Directiva de la Tarjeta Azul, la creación de la Agencia de Asilo de la UE (EUAA) y el reciente compromiso para avanzar en un mecanismo de solidaridad, que se concretará en las próximas reuniones con la Comisión Europea. El resto de propuestas continúan en negociación por la diferencia de posturas entre los países del sur, norte y bloque de Visegrado.
Malalai, la prueba de que el asilo salva vidas
La presentación del Informe Anual de CEAR contó con la intervención de Malalai Joya, activista y refugiada afgana que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su lucha por los derechos humanos y, especialmente, por los derechos de las mujeres afganas. Activismo por el cual recibió muchas amenazas de muerte e incluso intentos de asesinato. Ella es una de las cerca de 2.000 personas evacuadas por el Gobierno español tras la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán.
En su intervención reconoció que «los derechos de las mujeres en Afganistán están peor que nunca: torturas, latigazos, matrimonio forzado, lapidación, privación de estilos de vida básicos». Pero insistió en que «a pesar de las brutales ejecuciones contra mujeres activistas, los talibanes no podrán silenciar la llamada a la liberación y a la igualdad de la mujer».
