En el aniversario de los hechos, en los que al menos 37 personas fallecieron en su intento de llegar a España en busca de protección, la organización exige que se esclarezca lo sucedido y se asuman responsabilidades, garantizando la reparación y la no repetición de este tipo de situaciones
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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alerta de que los graves hechos producidos el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla siguen dejando “muchos interrogantes” y que la única investigación que se llevó a cabo sobre el caso fue archivada por la Fiscalía el pasado mes de diciembre, sin que se llegaran a determinar responsabilidades sobre las al menos 37 muertes, 77 desapariciones y 470 devoluciones ilegales. Unas prácticas que sí que fueron denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso al procedimiento de asilo con las debidas garantías.
En este marco, CEAR recuerda que es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas y de investigación para garantizar “la justicia, la verdad y la no repetición”, y exige que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva, transparente e independiente” para que las víctimas y sus familias puedan ser reparadas por el daño sufrido.
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Saltar la valla para poder solicitar asilo
La mayoría de los jóvenes que protagonizaron los hechos procedían de Sudán, Sudán del Sur y Chad, personas con un alto índice de reconocimiento de protección internacional en España por los conflictos que sufren sus países. Sin embargo, las autoridades les impiden el acceso al puesto fronterizo para solicitar asilo, especialmente a las personas de origen subsahariano, y tampoco España habilita la posibilidad de que puedan hacerlo en embajadas y consulados, o a través de otras vías previstas por la Ley de Asilo.
Una circunstancia que constató la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, tras visitar la ciudad de Melilla el pasado mes de noviembre, visita durante la cual también pidió a España “revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras” y “suspender toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos”.
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Por este motivo, CEAR reclama poner fin a la externalización de fronteras y facilitar el acceso a la protección de forma legal y segura, poniendo fin a “acuerdos opacos” que no garantizan el acceso a los derechos humanos y que en muchas ocasiones tienen como resultado la pérdida de vidas humanas.
De la misma forma, exige acabar con las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, que son totalmente contrarias a los tratados internacionales y denuncia firmemente el uso de la violencia durante los hechos del 24 de junio de 2022.
“El hecho de que no se haya resuelto y que se cierren las investigaciones en falso deja la puerta totalmente abierta a que una tragedia así vuelva a suceder, poniendo en peligro la vida de miles de personas que buscan refugio. Una de las peores tragedias en nuestra frontera sur, junto a la sucedida en Tarajal en 2014, no puede volver a quedar impune”, sentencia Estrella Galán, directora general de CEAR.
