El ex número tres del PSOE sostiene que su encarcelamiento busca forzar una confesión y alerta de una estrategia procesal “ilícita” similar al caso Aldama
La defensa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que denuncia que su encarcelamiento tiene por objetivo forzar una confesión y no responde a razones legales válidas. El escrito, firmado por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, solicita la excarcelación inmediata de su cliente, alegando que no existe riesgo real de destrucción de pruebas ni posibilidad de obstrucción a la justicia.
El recurso señala que los jueces del Tribunal Supremo que acordaron su prisión preventiva han incurrido en una “finalidad no constitucionalmente admisible”, al utilizar la medida como presión para obtener pruebas incriminatorias o una confesión directa. En apoyo a esta tesis, se menciona el caso del empresario Víctor de Aldama, liberado tras colaborar con la investigación en la Audiencia Nacional.
Cerdán, calificado por su defensa como un investigado “ejemplar”, renunció a su escaño como diputado y ha colaborado con la justicia, lo que —según el recurso— contradice cualquier sospecha de que pueda interferir en la instrucción. También se recuerda que los indicios en su contra se basan en audios incautados al exasesor Koldo García, cuya autenticidad no ha sido verificada.
El escrito compara la situación de Cerdán con la de otros implicados que continúan en libertad, incluyendo al exministro José Luis Ábalos y varios empresarios investigados. La defensa denuncia una diferencia de trato injustificada, subrayando que Cerdán ha abandonado todos sus cargos y carece de capacidad de influencia.
El recurso también critica que la UCO solicitara información sobre las visitas que recibe el ex dirigente socialista en la prisión de Soto del Real, interpretando esta medida como una vulneración del derecho a la defensa.
Aunque el Tribunal Constitucional no suele admitir recursos sin haber agotado la vía judicial ordinaria, la defensa alega que en este caso no hay otra instancia a la que recurrir respecto a la prisión provisional, que ya se ha prolongado durante meses. Por ello, solicita una decisión cautelar para ordenar su libertad antes de que se supere el límite legal de seis meses de prisión sin juicio.
La defensa subraya la relevancia constitucional, política y social del caso, recordando que Cerdán era el número tres del PSOE y una figura clave en la interlocución con partidos como Junts per Catalunya. En este sentido, se señala que el caso afecta directamente a uno de los pilares del Gobierno de coalición.
El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si admite a trámite el recurso y si accede a la medida cautelar solicitada por la defensa, que considera que la prisión de su cliente vulnera derechos fundamentales básicos en un Estado de Derecho.
