El Gobierno local expresa su desacuerdo con las comunidades de su mismo signo político y advierte del colapso en los recursos de acogida. El Ejecutivo central llevará el caso al Supremo.
Ceuta se ha quedado sola ante la creciente presión que supone la acogida de menores inmigrantes. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que iba a abordar un plan de reubicación de menores desde territorios saturados como Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas, no pudo celebrarse este jueves por falta de quórum, después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular decidieran no asistir.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, denunció que esta ausencia no solo bloquea una iniciativa del Gobierno, sino que supone “un plantón a Canarias y a los niños y niñas que deben ser acogidos legalmente en otras comunidades”. Además, acusó a algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, de poner “trabas” al traslado de menores solicitantes de asilo, lo que forzará al Ejecutivo a pedir el aval del Tribunal Supremo para poder aplicar las reubicaciones con garantías legales.
Ceuta se desmarca del boicot del PP
Desde Ceuta, el vicepresidente del Gobierno local, Alejandro Ramírez, expresó su “malestar” por la postura adoptada por comunidades del mismo partido, y lamentó las consecuencias directas sobre la ciudad. “Es una situación que no nos gusta. Para Ceuta, como para Canarias, la cuestión de los menores es un problema prioritario”, afirmó.
Ramírez recordó que la Ciudad Autónoma ha tenido que activar recursos de emergencia para atender a los menores, debido a la saturación de los dispositivos actuales. “Entendemos que haya desacuerdos sobre la financiación o el procedimiento, pero esto debería ser una cuestión de Estado”, defendió.
Un sistema al borde del colapso
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, se reunió igualmente en Madrid con responsables del Ministerio de Juventud e Infancia, pese a la suspensión de la Conferencia Sectorial. Allí insistió en la gravedad de la situación: Ceuta acoge actualmente a 428 menores no acompañados, lo que representa una sobreocupación del 386%.
“La presión sobre nuestros recursos es insostenible”, advirtió Gaitán, quien también recordó que la ratio de menores acogidos por cada 1.000 habitantes multiplica por 24 la media nacional. La Ciudad reclama mecanismos de corresponsabilidad territorial y apoyo estatal urgente para poder garantizar la atención en condiciones dignas.
Un reparto bloqueado
El plan del Gobierno central preveía el traslado de cerca de 4.000 menores no acompañados desde Ceuta, Canarias y Melilla a otras regiones, principalmente Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, 10 comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha, se oponen frontalmente al reparto y han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional.
El Partido Popular sostiene que el modelo propuesto es arbitrario y busca enfrentar a las autonomías, dejando fuera a comunidades como Cataluña y País Vasco, socios parlamentarios del Gobierno central. “Son personas a proteger, no paquetes a repartir”, han criticado dirigentes populares.
El Supremo entra en juego
Ante el bloqueo político y la falta de consenso, el ministro Torres ha anunciado que el Ejecutivo solicitará el respaldo del Tribunal Supremo para proceder con el reparto de menores de forma legal y con garantías. “La diferencia está clara: el Gobierno quiere acoger, el PP lo impide”, sentenció el ministro en un mensaje publicado en la red social X.
