El Gobierno de Ceuta ha lanzado un nuevo y urgente mensaje al Ejecutivo central tras la llegada en las últimas horas de 54 menores marroquíes no acompañados que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma. La mayoría cruzó a nado el espigón del Tarajal, desbordando aún más un sistema de protección que ya opera al límite: actualmente, la ciudad tutela a 460 menores, pese a disponer únicamente de 132 plazas.
La situación se ha intensificado con el inicio de la temporada alta del verano, periodo en el que se incrementan los intentos de entrada irregular por parte de adolescentes procedentes de Tetuán, Tánger y otras zonas del norte de Marruecos. Durante la tarde del viernes, las fuerzas marroquíes impidieron la salida al mar de al menos 168 personas, aunque muchos menores lograron escapar y alcanzar el litoral ceutí.
La Consejería de Presidencia y Gobernación desplegó efectivos de la Policía Local para localizar a los menores que no fueron interceptados por la Guardia Civil. Varios fueron encontrados en las inmediaciones del antiguo polígono industrial del Tarajal y alojados en centros de acogida provisional. Mientras tanto, la Guardia Civil mantenía activo un operativo en la costa, con apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), y colaboración de la Gendarmería Real marroquí.
Desde el Ejecutivo de Juan Vivas (PP), la demanda es clara: “Necesitamos una respuesta estructural del Estado. No podemos seguir solos ante esta presión.” El presidente ceutí advierte que, de continuar este ritmo de llegadas, el plan de redistribución aprobado por el Consejo de Ministros —previsto para comenzar el 28 de agosto y que contempla el traslado de 4.400 menores desde Ceuta y Canarias— será insuficiente.
A la presión migratoria se suma la inminente celebración de la Feria de Ceuta, que cada año activa el dispositivo “Operación Feriante”, destinado a prevenir intentos de huida clandestina de menores ocultos en vehículos con destino a la península.
Actualmente, Ceuta mantiene habilitados varios dispositivos extraordinarios para albergar a los menores no acompañados, además de su infraestructura ordinaria. El centro de referencia, “La Esperanza”, gestionado por la Fundación SAMU, ha ampliado su capacidad, pero sigue sin ser suficiente. Por ello, se mantienen activos módulos de emergencia en Piniers y en antiguas naves del polígono del Tarajal, así como se avanza en la rehabilitación de la antigua prisión de Los Rosales, que abrirá como nuevo centro de acogida en 2026.
El Gobierno local insiste en que el fenómeno migratorio en la frontera sur plantea retos que exceden las competencias autonómicas. “Si todas las comunidades autónomas no se implican, esto seguirá siendo una carga insostenible para Ceuta y Canarias”, ha advertido Vivas, en línea con las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, que ha calificado de “insolidaria e ilegal” la negativa de varias regiones a colaborar.
Ambos gobiernos denuncian que algunos ejecutivos autonómicos están utilizando la situación como herramienta de presión política. La falta de corresponsabilidad, alertan, podría derivar en un colapso del sistema de protección a menores migrantes en España.
