El Plan de Recuperación permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031. El Gobierno de Ceuta ha gestionado hasta el momento 37 millones de euros
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, compareció ayer en la Comisión Mixta del Congreso para presentar los avances en la ejecución del Plan de Recuperación y su impacto en el crecimiento y transformación de la economía española, así como las líneas generales de la Adenda del Plan en la que se está trabajando.
La ejecución del Plan de Recuperación permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031. Este impacto es fruto de la mejora de expectativas, así como de la actuación conjunta de las reformas e inversiones que ya están en marcha, con un impacto especialmente significativo sobre la creación de empleo, la inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual.
La aprobación del Plan en 2021 generó un importante efecto en las expectativas en un momento de fuerte incertidumbre, aportando seis décimas al PIB. El impacto de las expectativas especialmente significativo sobre la inversión en bienes de equipo e intelectual, es la que cambia la productividad total de los factores y modifica el nivel del PIB en el futuro.
Además, el Plan tuvo un importante efecto contracíclico durante el segundo semestre del pasado año, que se materializó en un aumento de la inversión en el cuarto trimestre un 17%, superior a la que se hubiera producido en ausencia del Plan.
Al impacto directo de las inversiones, que será especialmente relevante en 2022 y 2023, se une el aún más importante efecto que tendrá la agenda transformadora y reformista del Plan que, por su carácter estructural, se extenderá durante un periodo más amplio y se incrementará en los próximos años.
De las reformas aprobadas y las que se van a adoptar, las reformas ligadas al mercado laboral son las que generarán un mayor impacto económico desde el punto de vista del consumo, la producción, el capital humano y también sobre la reducción de la desigualdad. Se espera un impacto de 6 décimas a largo plazo, es decir, un impacto estructural y modernizador.
Ejecución Plan de Recuperación
La ejecución del Plan de Recuperación ha alcanzado ya la velocidad de crucero, con más de 18.800 millones de euros en inversiones autorizadas hasta mitad de septiembre y más de 15.350 millones comprometidos.
Son ya más de 70.000 los proyectos que han resultado beneficiarios de las convocatorias y licitaciones de servicios y obras realizadas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La mayor parte de ellos -53.600-, impulsados por empresas, entidades locales y centros tecnológicos y de investigación cuentan con financiación del Estado.
La ejecución del Plan se ha acelerado por parte de las administraciones, manteniendo un ritmo mensual de convocatorias de más de 2.000 millones de euros, con iniciativas tan importantes como el Kit Digital, los programas de movilidad verde MOVES, las inversiones en la renovación de equipamientos sanitarios del programa INVEAT, o las de implantación de conectividad en banda ancha al 100% del territorio.
Las Comunidades y Ciudades Autónomas juegan un papel clave en el despliegue del Plan. Se han transferido a los gobiernos autonómicos un total de 18.379 millones de euros, fundamentalmente a través de las 100 conferencias sectoriales celebradas, para la gestión y ejecución de inversiones en sus ámbitos de competencia en educación, formación profesional, vivienda social, rehabilitación de edificios, movilidad sostenible y cuidados, por citar algunos.
A estas inversiones y reformas hay que añadir la aprobación de 11 Proyectos Estratégicos (PERTE), que están permitiendo acometer inversiones en áreas estratégicas como la movilidad sostenible, las energías renovables, la industria agroalimentaria, la sanidad o la microelectrónica. Se han lanzado ya convocatorias por valor de 9.372 millones de euros, incluyendo 3.000 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, 600 millones del PERTE de Salud de Vanguardia y 3.900 millones del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y almacenamiento.
Este avance en las inversiones se une al progreso en la aprobación de reformas estructurales, entre las que cabe destacar la reforma Laboral, la de Pensiones, la reforma Concursal o la recién aprobada ley “Crea y Crece”, lo que constituye el mayor impulso reformista de la economía española en los últimos años.
España lidera en Europa la ejecución de los fondos Next Generation
España lidera en la Unión Europea la implementación del Plan de Recuperación, siendo los primeros en recibir los dos primeros pagos, condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos. De esta forma, España ha recibido más de 31.000 millones en transferencias.
El próximo desembolso, por importe de 6.000 millones de euros, estará condicionado al cumplimiento en el segundo semestre de 2022 de veinte reformas y nueve inversiones.
Adenda Plan de Recuperación
Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está trabajando en la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación, que incluirá nuevas reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y los 84.000 millones de euros en préstamos
Se ha puesto en marcha un proceso de diálogo y consulta con las Comunidades Autónomas, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para definir la articulación, los objetivos y el destino de las transferencias y préstamos.
Se contempla destinar las transferencias adicionales al refuerzo de los PERTE, para reforzar la autonomía estratégica en las áreas energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital.
Por otro lado, se movilizarán los préstamos, a través de instrumentos financieros como créditos, préstamos, avales o participaciones en capital. Adicionalmente, se creará un Fondo para Inversiones Estratégicas dirigido a las Comunidades Autónomas, que les permitan llevar a cabo políticas públicas de su competencia, tales como vivienda, transporte o economía de los cuidados
