Tanto el presidente de la Junta de Andalucía como el de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha coincidido en sus reclamaciones para afrontar el fenómeno de los menores migrantes: más financiación y el reparto de la «carga» por toda la geografía española
Durante su visita por Ceuta, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía ha declarado que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en Andalucía, «no se está encontrando una solución clara por parte del Gobierno de la Nación» en cuanto a la gestión del fenómeno de los menores migrantes. De hecho, Moreno ha lamentado que «ni siquiera» se cuenta con «una financiación que sea estable«, lo que ha asegurado que «está generando, lógicamente, unos serios problemas«.
El presidente de la Junta ha asegurado que «entre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Andalucía, estamos asumiendo prácticamente el 50% de los menores extranjeros tutelados por el Estado y eso supone un enorme esfuerzo que supera ampliamente las capacidades financieras que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta y que tiene la Junta de Andalucía». La solución para Moreno pasa por «una colaboración mucho más estrecha» y, sobre todo, por una «financiación mucho más adecuada para que se pueda abordar este problema de manera eficiente».
Así, el mandatario andaluz ha advertido que «las as voces de Andalucía, sumadas a las de Ceuta y Melilla van a exigir algo que nos parece razonable, sensato y oportuno en una acción que tiene que ser coordinada con el Gobierno de la Nación para que nos quedemos solos» y ha vuelto a insistir en que «las aportaciones económicas son clarisamente insuficientes por parte del Gobierno de la Nación y eso hay que revisarlo de manera urgente».
Por su parte, Juan Vivas, ha asegura que es necesaria «una política común» entre Ceuta y Andalucía que consiste, según sus palabras en «defender, como solución pensando en el interés del menor el reagrupamiento familiar del menor en su país de origen y que, además, consiste en defender que, mientras esto ocurre, las cargas derivadas de esta indudable presión y esta notable problemática sean repartidas de manera justa y equitativa, como asunto que es de alcance nacional, entre todas las ciudades y comunidades autónomas y no solamente en aquellas que son fronterizas».