Embargo de Coches de Lujo y Propiedades
La Policía Nacional ha ejecutado el embargo de 24 vehículos de alta gama, incluyendo cuatro Ferrari y varios modelos de Jaguar, además de diversas fincas. Estos bienes están registrados a nombre de una empresa vinculada a Madeira Invest, cuyo líder, Álvaro Romillo, alias Cryptospain, está siendo investigado por su implicación en una presunta estafa piramidal con criptomonedas.
El juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha ordenado estas acciones tras recibir denuncias de múltiples afectados por la plataforma financiera. Entre los vehículos confiscados se encuentran modelos exclusivos como el Ferrari Testarossa y el Mercedes-Benz S 650 Maybach.
Investigación de Financiación Ilegal
El caso también involucra al eurodiputado Alvise Pérez, quien supuestamente recibió 100.000 euros de Romillo para su partido político. La Audiencia Nacional está investigando si esta transacción constituye un delito de financiación ilegal. Pérez ha sido citado para declarar voluntariamente en relación con estas acusaciones.
El magistrado Calama ha aclarado que la admisión a trámite de la denuncia no implica una imputación judicial inmediata, pero permite que Pérez comience a defenderse conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Red de Sociedades y Afectados
La investigación revela un entramado de sociedades instrumentales con conexiones internacionales, incluyendo domicilios en Portugal, Estados Unidos y otros países. Se estima que el fraude podría afectar a cerca de 30.000 personas, con pérdidas que podrían superar los 300 millones de euros.
Romillo, conocido en redes sociales como ‘CriptoSpain’, promovía Madeira Invest como un club de inversión privado que prometía rendimientos superiores al 50% mediante inversiones en relojes, coches de lujo e inmuebles. Sin embargo, las denuncias sugieren que se trataba de una estafa piramidal.
Acciones Judiciales y Futuro del Caso
El juez Calama ha solicitado el embargo de varias propiedades adicionales en localidades como Illescas, Collado de la Vera y Boadilla del Monte. También ha nombrado un administrador judicial para gestionar las sociedades implicadas.
La complejidad del caso, debido a sus ramificaciones internacionales, requerirá comisiones rogatorias para avanzar en la investigación. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores y usuarios de criptomonedas continúan presentando denuncias en busca de justicia para los afectados.
