La presión vecinal y el descontrol en el mercado de la vivienda han empujado a los ayuntamientos de toda España a intensificar su ofensiva contra el auge de los pisos turísticos. Desde grandes capitales hasta localidades medianas, los gobiernos locales están aplicando medidas como moratorias, limitaciones por zonas o incluso prohibiciones, en un intento por frenar una tendencia que consideran insostenible.
El fenómeno de las viviendas de uso turístico, impulsado en gran parte por plataformas digitales, ha transformado numerosos barrios tradicionales, encareciendo los precios del alquiler y alterando la convivencia. En respuesta, los alcaldes han emprendido una lucha que muchos califican de desigual, debido a la falta de una regulación estatal homogénea y la dificultad para controlar el cumplimiento de las normativas locales.
Las sanciones económicas se han convertido en una de las herramientas más habituales, pero también se están implementando medidas más drásticas, como la protección expresa de edificios habitados por familias residentes o la zonificación que limita el número de licencias turísticas. Sin embargo, los resultados varían y no siempre se traducen en una contención efectiva del fenómeno.
A pesar de los esfuerzos, muchos consistorios reconocen que la presión del mercado y los vacíos legales siguen favoreciendo la proliferación de estos alojamientos. La necesidad de una coordinación entre administraciones se vuelve cada vez más urgente, mientras el debate sobre el modelo turístico y el derecho a la vivienda sigue ganando protagonismo en la agenda pública.
