La Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, solicita al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, las transferencias de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud
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En la Ciudad Autónoma de Ceuta el Sistema Nacional de Salud es competencia del Estado, y paradójicamente la Sanidad Penitenciaria 20 años más tarde continua sin ser traspasada.
Desde CSIF se señala que la falta de iniciativa y compromiso de la Administración Penitenciaria para solventar este problema ejecutando las transferencias de la Sanidad Penitenciaria al Sistema Nacional de Salud es palmaria, no vale el excusarse detrás de las CC.AA. aduciendo que son estas las que tiene que solicitar el traspaso de las competencias.
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Y una buena muestra de la falta de voluntad política para dar solución al problema la tenemos en la misma Ley 16/2003, 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su disposición adicional primera»Competencias del Estado en relación con Ceuta y Melilla» dice que las referencias que en esta ley se realizan a las CC.AA. se entenderán hechas al Estado en relación con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Hasta la fecha solo Cataluña, País Vasco y Navarra han integrado a sus sistemas de salud la Sanidad Penitenciaria, nos encontramos con 20 años de retraso en la mayor parte del territorio nacional. 20 años de incumplimiento de un mandato legal.
La Sanidad penitenciaria con el modelo actual no tiene ningún futuro, carece de relevo generacional y está condenada a desaparecer. No se cubren las plazas ofertadas, en el último proceso selectivo para facultativos de prisiones se cubrieron solo 7 de las 80 plazas ofertadas. Además,aproximadamente el 54% de los médicos en activo supera los 60 años, es básico buscar una alternativa en el sistema público de salud.
La salud mental es un grave problema en II.PP. las cifras de prevalencia de patologías mentales desde los años 90 oscilan entre el 37 y el 85 por ciento. La demanda de consultas de psiquiatría en prisiones es muy elevada. El 4’3% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos, el 90% tienen antecedentes psiquiátricos con diagnóstico y tratamiento.
Este escenario ha llevado al Defensor del Pueblo a interesarse por la ausencia de asistencia sanitaria a la población reclusa en los Centros Penitenciarios.
La atención médica con contratos puntuales con empresas sanitarias y con consultas de telemedicina, no es la solución.
La asistencia telemática que se presta también para las guardias. Dibuja nuestra realidad,ofrecemos una asistencia claramente insuficiente.
CSIF quiere poner el acento en que en el medio de toda esta problemática se encuentran los empleados públicos penitenciarios, tanto sanitarios como no sanitarios que sufren las consecuencias, sin ir más lejos recordemos los recientes y gravísimos acontecimientos acaecidos en el C.P. de León donde un grupo de internos se amotinó y secuestraron a la directora del centro, dos mandos más, dos jefes de servicios y hasta tres funcionarios de vigilancia que desempeñaban su trabajo en ese departamento, se destrozó mobiliario, se amenazó a los trabajadores con objetos punzantes, y el origen de todos estos hechos no es otro que nuestra deficiente sanidad penitenciaria.
Si nuestros médicos se jubilan y nuestras ofertas de empleo no se cubren, el modelo de sanidad penitenciaria está condenado.
Por consiguiente, desde CSIF solicitamos al Secretario General de Instituciones Penitenciarias iniciar los tramites necesarios para el traspaso de las competencias en Sanidad Penitenciaria al INGESA.
