La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), se personará como acusación particular contra los responsables de los altercados del sábado en Barcelona donde se intentó quemar una furgoneta de la Urbana. A su vez, denuncia la inacción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat en los altercados violentos de los últimos días, condena enérgicamente los ataques y exige soluciones de inmediato.
Para el sindicato, el dispositivo que se realizó el sábado no fue el adecuado y nunca se debería haber permitido que los violentos llegaran a alcanzar su objetivo, que era la policía y la comisaria de la Urbana. Deberían haber sido disueltos mucho antes de llegar.
CSIF pide que se reconozca a la UREP (Unidad de Refuerzo de Emergencia y Proximidad) como lo que realmente es, una unidad antidisturbios. Reclaman más recursos humanos y materiales (pistolas taser, lanzadoras, armas largas, espray de pimienta y cámaras unipersonales) para hacer frente a estos ataques que cada vez son más violentos y habituales, y que se prevé que continúen. La GUB quiere trabajar en igualdad de condiciones que los otros cuerpos policías que disponen de unidades antidisturbios como ellos.
A su vez, recriminan a Colau los recortes presupuestarios en el conjunto de la GUB y la precariedad laboral a la que los ha llevado, y que pretenda que, con menos efectivos, se haga más. «Si hubiera más policía y se les dejara trabajar, no asistiríamos a estas situaciones que estamos viviendo. En Barcelona se está permitiendo que se destroce la ciudad y la falta de seguridad ciudadana crece cada día. No hay que olvidar que los destrozos que causan estos grupos violentos, los pagan los contribuyentes mientras los responsables políticos siguen sin reaccionar. La impunidad que se les otorga a estos atacantes hace que se sientan cómodos, que sigan con sus acciones y que se quieran instalar aquí. Violencia, llama a violencia y Barcelona es ya una ciudad sin Ley».
«En las intervenciones policiales se han de aplicar los criterios policiales y no los criterios políticos a los que están sometidos las policías catalanas. Los dirigentes de estos cuerpos policiales deben someterse al código ético y deontológico de las policías y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y salvaguardar la integridad del patrimonio y de los ciudadanos».
