Siete testigos comparecen entre el martes y miércoles; David Sánchez y un ex asesor de Moncloa declararán el 25 de abril
El caso que investiga un presunto enchufismo en la Diputación de Badajoz y que salpica directamente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vive esta semana un nuevo capítulo con una intensa ronda de declaraciones en sede judicial. La jueza instructora, Beatriz Biedma, retoma los interrogatorios en el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz con siete nuevos testigos citados entre este martes y miércoles.
Entre los comparecientes figuran figuras relevantes del ámbito musical y político de la región, como Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, ambos vinculados a los conservatorios de música de Badajoz, así como Ignacio Sánchez, propietario del apartamento alquilado por David Sánchez antes de la prueba de acceso a su plaza. También está citado Álvaro Jaén, ex coordinador de Podemos en Extremadura, quien denunció públicamente que las bases del concurso no exigían el título de profesor de música, lo que encendió las primeras alarmas políticas.
El miércoles será el turno de tres altos cargos de la Diputación pacense, entre ellos el secretario general durante la creación de la plaza, el funcionario que gestionó el traslado de David Sánchez a la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y el actual interventor. Todos ellos declaran como testigos.
La ronda de comparecencias continuará el próximo 25 de abril con dos piezas clave en la investigación: el propio David Sánchez, que ya prestó declaración el pasado 9 de enero, y Luis Carrero Pérez, ex asesor de Moncloa y actual colaborador directo de Sánchez en la Diputación. Carrero fue contratado a finales de 2023 como jefe de sección de programas transfronterizos, y los correos electrónicos intervenidos por la UCO indican que su fichaje se daba por hecho desde al menos tres años antes.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de la jueza es la entrega, el pasado 3 de febrero y tras requerimiento expreso, de los informes anuales que debía firmar David Sánchez para justificar su labor en la Diputación. Las dudas sobre la autenticidad de esas firmas —realizadas a mano y no de forma telemática— podrían ser determinantes para el futuro del caso.
Además, Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz y diputado provincial de Cultura, ha sido citado en calidad de imputado por su posible implicación en la contratación de Carrero. También declarará Manuel Candalija, director del área de Cultura.
La jueza Biedma ha reafirmado recientemente su postura tras rechazar la Audiencia Provincial de Badajoz los recursos de la defensa. Tanto David Sánchez como el presidente de la Diputación y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se encuentran en una situación judicial comprometida, a las puertas de la apertura de juicio oral. Las últimas pruebas, entre ellas varios correos electrónicos donde se mencionaba al «hermano» antes incluso de conocerse los candidatos, refuerzan la tesis de una plaza creada «a dedo».
David Sánchez presentó su renuncia al cargo el pasado 5 de febrero, con efectos diferidos durante tres meses, alegando su deseo de evitar perjuicios al funcionamiento de la institución. Ocupaba oficialmente su puesto desde el 10 de julio de 2027.
La investigación, iniciada en junio de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, se aproxima a su recta final. La jueza deberá decidir en las próximas semanas si prorroga la instrucción, en función de si siguen apareciendo nuevas pruebas.
