Mientras Vox miente al afirmar que el ingreso mínimo vital lo podrán cobrar migrantes irregulares, el relator de la ONU pide precisamente al Gobierno de España que amplíe la cobertura del ingreso mínimo para que estas personas también puedan beneficiarse de él. «Las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables, como los migrantes indocumentados o recientemente documentados, los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar» ha declarado De Schutter
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Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, ha asegurado que considera el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos un ejemplo de cómo los gobiernos pueden aprovechar la oportunidad que brinda la crisis generada por la COVID-19 para reconducir las políticas que tratan de combatir la pobreza y de reducir la desigualdad. «El plan proporcionará el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas y es un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad» ha declarado De Schutter.
El relator la ONU, aunque aplaude la medida, entiende que esta debería llegar a más personas y no crear sesgos que excluyan a colectivos o a personas en situación del vulnerabilidad. «Las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables, como los migrantes indocumentados o recientemente documentados, los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar», ha explicado.
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Asimismo, De Schutter ha matizado que «el gasto público en protección social en este momento es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros» por lo que «anima» a España a «reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos». En este sentido, para el relator de la ONU también hay un problema subyacente que reside en el «gran obstáculo» que puede suponer la burocracia para algunas personas en situación de vulnerabilidad. Es por ello, que De Schutter sostiene que es «es importante desarrollar un esquema robusto que permita suficiente flexibilidad cuando las personas que experimentan la pobreza extrema no pueden cumplir fácilmente con todos los requisitos de documentación«.
Vox asegura que el IMV creará «efecto llamada»
Santiago Abascal, en el atril del Congreso, ha asegurado que la excepción que permite a las víctimas de trata y/o explotación sexual generará «efecto llamada» porque, por su «sensibilidad«, los empleados públicos entenderán que todos los migrantes «que llegan en pateras son víctimas de mafias o de tratantes de personas». Sin embargo, el Código Penal define con bastante claridad las condiciones que se deben cumplir para considerar a una personas víctima de trata de seres humanos. Lo explicamos con detalle en este artículo.
En cualquier caso, el Gobierno estimó que el ingreso mínimo vital beneficiará a 1,6 millones de personas en todo el país.
Si analizamos las llegadas de migrantes irregulares en los dos últimos años, podemos comprobar que en 2018 se produjeron 64.298 llegadas por 32.513 de 2019. En lo que va de año, y en parte gracias a la pandemia, las llegadas descienden nuevamente: 6.152 personas han entrado al país de forma irregular por 7.981 que hicieron lo propio a estas alturas del año anterior.
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Las llegadas de 2018 supondrían un 4% del 1,6 millones de personas que se beneficiarán del ingreso mínimo y las de 2019 un 2%. Sumando las dos cifras y las llegadas de 2020 obtenemos el 6% del total. Aún en caso de que las personas migrantes en situación administrativa irregular pudiesen cobrar el ingreso mínimo vital representarían una porción residual dentro de los beneficiarios de esta medida.
Por otro lado, según el balance estadístico 2014-2018 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, las cifras sobre víctimas de trata, que son las que sí se pueden beneficiar del ingreso mínimo y que en su mayoría son mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, son aún más bajas. En 2018, se identificaron 128 víctimas -6 menores- de trata con fines de explotación sexual y en 2019 se consiguió descubrir a 331 víctimas -11 menores-, según el IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Con respecto a las cifras de trata con fines de explotación laboral, en 2018 se registraron 94 víctimas -4 menores-. El informe del CITCO solo llega hasta 2018 y no hay datos oficiales de 2019. Sin embargo en los años anteriores, 2015, 2016 y 2017; se registraron 134, 25 y 58 víctimas de trata con fines de explotación laboral, respectivamente.
