La Delegación del Gobierno ha presentado la inauguración de la nueva aduana comercial en Ceuta como un «hito histórico», pero la realidad es que se trata de una gestión desastrosa, marcada por la falta de transparencia y la improvisación. Las restricciones impuestas han generado indignación entre los empresarios y autónomos locales, quienes ven en esta medida un absoluto fracaso. Mientras la Delegación intenta maquillar la situación con reuniones con la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y la Cámara de Comercio, lo cierto es que las limitaciones impuestas convierten esta aduana en un trámite ineficaz y ridículo.
Estos encuentros, lejos de ofrecer soluciones reales, parecen una estrategia para dilatar el problema y trasladar la responsabilidad a los empresarios, en lugar de asumir la negligencia gubernamental. La Delegación ha insistido en que su papel será «secundario», limitándose a ser un «interlocutor» que clarifique la documentación, cuando lo que realmente se necesita es una política eficaz y estructurada que garantice un comercio fluido y justo.
Cristina Pérez, representante del Gobierno en Ceuta, insiste en una «frontera ordenada», pero lo único ordenado hasta ahora es la exclusión de la mayoría de empresarios de un proceso que debería fomentar el comercio, no restringirlo de manera absurda. La supuesta apertura de la aduana permitirá tanto la exportación de productos a Marruecos como la importación de productos marroquíes a Ceuta, pero con un límite ridículo: solo dos operaciones diarias (una de importación y otra de exportación), de lunes a viernes, sin horario definido. Esta situación es un auténtico cachondeo que ha provocado un revuelo tanto a nivel nacional como internacional.
Las pruebas realizadas han sido un fracaso absoluto, evidenciando la incapacidad de la Delegación del Gobierno para gestionar este proceso. La indignación de los empresarios crece ante la falta de respuestas claras y la evidente incompetencia con la que se está llevando a cabo esta iniciativa. Es inconcebible que después de tantas expectativas y promesas todo termine reduciéndose a un procedimiento burocrático torpe y limitado.
Ante este escenario, las preguntas siguen sin respuesta: ¿Qué empresas podrán optar a realizar estas operaciones? ¿Cuáles serán los requisitos para poder importar o exportar a través de esta aduana? ¿Ceuta podrá contar con productos frescos gracias a esta infraestructura o quedará limitada a un comercio de bajo volumen? Además, no se ha esclarecido el papel exacto de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios en este proceso, ni si se establecerá un censo de importadores y exportadores para regular el acceso a estas operaciones.
La falta de información clara, la ineficacia del procedimiento y la incapacidad de la Delegación del Gobierno para gestionar este proyecto hacen que este supuesto «hito histórico» sea, en realidad, un enorme fiasco. Mientras tanto, los empresarios ceutíes ven cómo se les cierran puertas en lugar de abrir oportunidades, en un nuevo episodio de despropósito político que pone en jaque la economía local.
