La aplicación del arraigo por formación, una vía legal aprobada por el propio Gobierno para regularizar a extranjeros que buscan capacitarse en España, se ha convertido en un punto de fricción en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Varias academias de formación y abogados especializados denuncian que están siendo objeto de una campaña de acoso y persecución por parte de las autoridades, en un contexto que apunta a temores sobre la reacción de Marruecos.
Según fuentes del sector, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) está interviniendo contra quienes gestionan expedientes para la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a través de este procedimiento, a pesar de que dicho mecanismo no otorga derecho a trabajar. “Estamos utilizando un mecanismo legal que el propio Gobierno aprobó, pero ahora parece que ya no están conformes con su propia ley”, afirmaron varios abogados afectados. Asimismo, expertos sugieren que esta insistencia podría estar motivada por el miedo a una eventual reacción de Marruecos, lo que explicaría el marcado enfoque en las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla.
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En declaraciones recogidas por este medio, varios inmigrantes detenidos han relatado experiencias alarmantes: “por el mero hecho de haber realizado estos cursos para poder regularizar su situación e integrarse en la sociedad, fueron interrogados por la UCRIF sin esperar la llegada de sus abogados, siendo intimidados y amenazados con posibles deportaciones, mientras intentaban dirigir sus respuestas. Entendemos que este hecho fue por las órdenes recibidas por parte de sus superiores”. Estas denuncias evidencian un escenario en el que, según los afectados, no se puede permitir que, en este juego político internacional, se utilicen a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para complacer las relaciones del Gobierno con Marruecos.
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Las academias de formación en ambas ciudades denuncian además inspecciones y restricciones que consideran arbitrarias. “Nos están tratando como si estuviéramos cometiendo una ilegalidad cuando simplemente ofrecemos formación reglada dentro del marco legal. Nos preocupa que esta situación se intensifique para evitar tensiones con Marruecos”, comenta el responsable de una academia.
El arraigo por formación, introducido en una reforma del Reglamento de Extranjería en 2022, permite a los inmigrantes en situación irregular regularizar su situación si se comprometen a realizar estudios de formación profesional. Sin embargo, la reciente actuación de las autoridades ha generado incertidumbre y desconfianza en el sector, afectando tanto a los beneficiarios como a los profesionales que tramitan los expedientes.
Desde el Gobierno aún no se ha emitido una declaración oficial sobre estas denuncias, aunque fuentes policiales aseguran que se están investigando posibles fraudes en la tramitación de estos permisos. Mientras tanto, abogados y academias advierten que esta situación podría derivar en una vulneración del derecho a la formación y a la asistencia legal de los solicitantes, en un clima de tensión que trasciende lo meramente administrativo y se enmarca en la delicada relación con Marruecos.
