En el día de hoy se ha ejecutado la repatriación sin garantías de varios menores que habían designado abogada, a quien no se ha contactado, vulnerando así su derecho a recibir asistencia letrada.
A pesar del anuncio del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía de su determinación de iniciar actuaciones de oficio ante la irregularidad de la estrategia del Ministerio del Interior de devolver a Marruecos a menores acogidos en centros temporales dependientes del Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Ceuta, hoy, volvemos a ser testigos de cómo se siguen llevando a cabo estas repatriaciones ilegales.
Expresamos nuestra preocupación por las irregularidades que se están cometiendo en el procedimiento; no se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen, no se está notificando a los niños las resoluciones que se están adoptando sobre ellos y por tanto no se les permite oponerse a la ejecución de unas repatriaciones forzosas y en contra de su voluntad.
Las organizaciones queremos alertar de que, como ya fue sentenciado por el Tribunal Constitucional en el 2008, el Gobierno español, con esta actuación, está vulnerando el Derecho a Ser Oído y a la Tutela Judicial Efectiva, entre otros, derechos fundamentales reconocidos en nuestra legislación, y todo ello sin que las actuaciones llevadas a cabo en Ceuta, estén velando ni lo más mínimo por el Interés Superior de los niños y niñas, incluso sin tener en cuenta los casos más vulnerables puesto que no se está llevando a cabo un procedimiento individualizado y con garantías.
Además, hoy, las organizaciones denunciantes hemos sabido que a pesar de que un grupo de cinco menores había designado abogadas las mismas no han sido contactadas por las autoridades competentes para ejercer su asistencia letrada.
Una de ellas, abogada de Fundación Raíces, se ha puesto en contacto con el puesto fronterizo para pedir explicaciones sobre lo actuado con sus representados y la han
emplazado a dirigirse a Delegación de Gobierno o a la Entidad de Protección de la ciudad de Ceuta, tutora de los menores.
Las organizaciones firmantes insistimos en la necesidad de garantizar la asistencia letrada de los niños en el procedimiento de repatriación, y por ello, a día de hoy más de 30 niños han designado a abogados y abogadas de estas organizaciones para su defensa en cualquier procedimiento que les afecte.
Recordamos que esto supone un incumplimiento tanto de la legislación española como del Derecho Internacional, contraviniendo la obligación del Estado español de velar por el interés superior del menor.
El Tribunal Constitucional español, en dos sentencias del 22 de diciembre de 2008, reconoció el derecho de un menor marroquí a oponerse judicialmente a su repatriación a Marruecos, considerando que tenía “capacidad y madurez suficientes” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses.
Este fallo del TC garantiza, desde 2008, el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los menores extranjeros tutelados por la Administración Pública, quienes hasta ese momento carecían de capacidad procesal para recurrir decisiones contrarias a sus intereses sin el consentimiento de sus tutores. Y este derecho está siendo sistemática y gravemente vulnerado por el Estado español a las decenas de niños marroquíes que ya han sido devueltos a Marruecos sin haber sido escuchados. Ante esta situación, exigimos al Ministerio del Interior y a las instituciones ceutíes que paralicen inmediatamente las devoluciones y que, teniendo en cuenta el interés superior del menor, se garantice un procedimiento individualizado con asistencia letrada e intérprete, así como el resto de garantías recogidas en la legislación nacional e internacional vigente.
