En un movimiento inesperado con fuertes implicaciones geopolíticas, la administración estadounidense ha autorizado a Chevron a reanudar la extracción de petróleo en Venezuela, tras un acuerdo negociado entre el expresidente Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
La decisión, que representa un importante respiro económico para el gobierno de Maduro, se enmarca en la estrategia de Washington para frenar la creciente influencia de China en el sector energético venezolano. La nación sudamericana, que posee una de las mayores reservas de crudo del mundo, ha sido objeto de fuertes sanciones por parte de EE. UU. en los últimos años, lo que redujo drásticamente su producción petrolera y aisló a PDVSA del sistema financiero internacional.
El retorno de Chevron a suelo venezolano no solo permitirá un incremento progresivo en la producción de petróleo, sino que también puede marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, aún tensas pero pragmáticamente reevaluadas frente a los intereses estratégicos globales.
Analistas señalan que esta medida no implica un levantamiento total de sanciones, sino una flexibilización condicionada, que podría revertirse si el gobierno venezolano no muestra avances en compromisos políticos asumidos en las negociaciones.
El acuerdo ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores económicos lo ven como una oportunidad para reactivar parte de la economía venezolana, organizaciones de derechos humanos critican que se le esté otorgando oxígeno financiero a un régimen señalado por prácticas autoritarias.
