El décimo aniversario de la masacre de Rabaa es un crudo recordatorio de cómo la impunidad por el homicidio masivo de más de 900 personas ha permitido en el último decenio un ataque declarado contra la disidencia pacífica, una erosión de las salvaguardias de juicios justos en el sistema de justicia penal y una indecible crueldad en las prisiones. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En un análisis detallado, la organización destaca 10 cuestiones de derechos humanos que han asolado Egipto desde la masacre del 14 de agosto de 2013, en la que las fuerzas militares y de seguridad dispersaron violentamente unas sentadas en las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, en El Cairo, celebradas por simpatizantes de la Hermandad Musulmana y el depuesto presidente Mohamed Morsi. Diez años después, ni una sola autoridad ha rendido cuentas del derramamiento de sangre, lo que pone de manifiesto la falta más general de justicia y reparación para las familias de las víctimas y para los y las supervivientes de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, y detención arbitraria.
“Los últimos diez años sólo pueden describirse como un ‘decenio de la vergüenza’. La masacre de Rabaa fue un punto de inflexión tras el cual las autoridades egipcias han seguido implacablemente una política de tolerancia cero con la disidencia. Desde entonces, innumerables personas que criticaban al gobierno o se le oponían han muerto en protestas callejeras, se han consumido tras las rejas o se han visto obligadas a exiliarse”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La falta de una respuesta firme y coordinada por parte de la comunidad internacional a la masacre de Rabaa ha permitido al ejército y las fuerzas de seguridad de Egipto salir literalmente impunes de un asesinato masivo. No hay esperanza de que Egipto salga de su actual crisis de derechos humanos si sus autoridades no rinden cuentas de aquel día, el más oscuro de la historia moderna del país. Los Estados que tienen influencia sobre Egipto deben hacerse eco de las peticiones de supervivientes, familias de víctimas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que reclaman verdad, justicia y reparación.”
Diez maneras en las que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado drásticamente en Egipto desde la masacre de Rabaa
1. Represión de las protestas callejeras
Desde 2013, el gobierno egipcio ha conseguido erradicar las protestas callejeras adoptando leyes draconianas que, en la práctica, criminalizan el derecho a la libertad de reunión pacífica y utilizando fuerza ilegítima y detenciones en masa.
2. Detención arbitraria
Las autoridades egipcias detuvieron a decenas de miles de personas durante la masacre de Rabaa y en el periodo posterior a ella. Aunque inicialmente atacaron a simpatizantes o presuntos simpatizantes de la Hermandad Musulmana, su represión pronto se extendió a todas las personas que ejercían la crítica pacífica.
A pesar de los recientes gestos de reforma mediante el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos en septiembre de 2021 y el largamente esperado Diálogo Nacional en mayo de 2023, la represión muestra pocas señales de ceder, mientras continúan las detenciones de personas que critican al gobierno. Aunque desde la reactivación del Comité Presidencial de Indultos en 2022 se ha puesto en libertad a cientos de disidentes, los miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana han sido excluidos de los indultos oficiales, y miles de personas permanecen encarceladas injustamente.
3. Juicios injustos
Las autoridades han adoptado y utilizado una draconiana legislación antiterrorista y otras tácticas represivas para mantener a miles de personas críticas con el gobierno en una prolongada detención preventiva sin cargos ni juicio, en ocasiones durante periodos que superan el límite máximo de dos años establecido por las leyes egipcias.
Los tribunales de emergencia o militares, o los circuitos especiales de tribunales penales dedicados al terrorismo, han condenado a cientos de personas a muerte o a largas penas de prisión en juicios colectivos flagrantemente injustos y empañados por la tortura.
4. Pena de muerte
En los últimos diez años, las autoridades han intensificado su uso de la pena de muerte para reprimir la disidencia: los tribunales han impuesto miles de condenas a muerte y las autoridades han ejecutado a más de 400 personas. En septiembre de 2018, un Tribunal Penal de El Cairo condenó a 75 personas a muerte y a 47 a cadena perpetua, e impuso duras penas de cárcel, de entre 5 y 15 años, a 612 personas, todo ello en un juicio colectivo flagrantemente injusto, en relación con su participación en la sentada de protesta de Rabaa. El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Casación confirmó la condena a muerte de 12 personas, entre las que se encontraban figuras destacadas de la Hermandad Musulmana.
5. Ataques contra la libertad de expresión
Las autoridades egipcias han reprimido todo tipo de denuncia independiente, y han consolidado así su tenaza sobre los medios de comunicación y han reprimido, mediante una serie de tácticas represivas, a los periodistas que se atrevían a desviarse del discurso nacional. Esas tácticas incluyen la detención y el procesamiento de decenas de periodistas por hacer su trabajo, la censura online y redadas en medios de comunicación independientes.
6. Reducción del espacio de la sociedad civil
La sociedad civil independiente ha visto acallada su voz mediante la adopción de la represiva Ley 149/2019, que otorga a las autoridades unos poderes excesivamente amplios sobre la inscripción en registro, las actividades, la financiación y la disolución de ONG.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos también han sido objeto de implacables ataques, como procesamientos injustos, detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajar, congelación de bienes y otras formas de acoso.
7. Tortura y otros malos tratos
Las personas detenidas en la represión de Rabaa, y miles de personas más, se consumen en condiciones crueles e inhumanas en prisiones egipcias. Desde 2013, decenas de personas han muerto bajo custodia entre denuncias de tortura y de negación de la atención médica. Entre las víctimas se encuentran el depuesto presidente Mohamed Morsi y Essam El Erian, destacada figura de la Hermandad Musulmana, que murieron en prisión en 2019 y 2020, respectivamente, tras años de denunciar sin éxito las malas condiciones de reclusión y la negación de la atención médica.
La tortura y otros malos tratos son generalizados y sistemáticos, y tanto supervivientes como testigos han informado del uso de descargas eléctricas, colgamientos por piernas o brazos, reclusión indefinida en régimen de aislamiento, palizas y negación deliberada de la atención médica.
8. Desapariciones forzadas
Las fuerzas de seguridad recluyen habitualmente en régimen de incomunicación a las personas acusadas de participar en actos terroristas o protestas, y niegan a sus familiares y abogados toda información sobre su suerte y su paradero, durante periodos que oscilan entre unos pocos días y 23 meses. Durante ese tiempo, las personas detenidas son sometidas a tortura y otros malos tratos y coaccionadas para que “confiesen” o incriminen a otras.
9. Discriminación
Las autoridades han afirmado que respetan y protegen los derechos de las mujeres y las minorías, pero han sometido a hombres, mujeres, niños y niñas a discriminación por razón de sexo, identidad de género, orientación sexual y creencias religiosas.
10. Impunidad
El procesamiento colectivo de miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana contrasta enormemente con la falta de investigación y de rendición de cuentas por parte de quienes ordenaron, planearon o cometieron abusos en la masacre del 14 de agosto de 2013.
Un comité de investigación establecido por el entonces presidente interino Adly Mansour en diciembre de 2013 concluyó que los líderes de las protestas eran los culpables de los homicidios de Rabaa y prácticamente eximió de responsabilidad a las fuerzas de seguridad. La impunidad se afianzó aún más después de que el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi ratificara en 2018 una ley que otorgaba inmunidad procesal a altos mandos militares.
“El sombrío aniversario de hoy debe recordar a la comunidad internacional la desesperada necesidad de crear vías significativas de rendición de cuentas, como el establecimiento de un mecanismo de vigilancia y presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en Egipto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, ha manifestado Philip Luther.
“Los Estados deben además presionar a las autoridades egipcias, tanto en público como en privado, para que pongan en libertad a miles de personas que critican al gobierno o se oponen a él y se encuentran detenidas arbitrariamente, entre ellas las que tienen vínculos con la Hermandad Musulmana.”
