El suministro ilegal de combustible, conocido como petaqueo, se ha convertido en la nueva vía de enriquecimiento de las mafias vinculadas al narcotráfico en la provincia de Cádiz. La Policía Nacional y la Guardia Civil reconocen sentirse desbordadas ante la expansión de estos grupos, que funcionan como subcontratas del narco y llegan a vender una garrafa de gasolina de 50 euros por hasta 5.000.
En apenas una semana, los agentes han intervenido más de 12.000 litros de gasolina en tres operativos distintos en Cádiz, Rota y El Puerto de Santa María. En una de las incautaciones más relevantes, 181 garrafas listas para ser embarcadas fueron localizadas en la playa de Cala Chica, lo que terminó con siete detenidos.
La rentabilidad del negocio explica su rápida expansión: las narcolanchas requieren cada vez más combustible debido a rutas más largas y a la presión policial, lo que multiplica el precio de la gasolina en el mercado clandestino. “Es una manera fácil de ganar dinero sin ensuciarse las manos con la droga, o eso creen”, señalan fuentes policiales.
Las organizaciones dedicadas exclusivamente al petaqueo han llegado a manipular hasta 20.000 litros semanales. La Guardia Civil desarticuló recientemente una red en Chiclana que disponía de un surtidor clandestino en una finca utilizada como almacén de combustible.
La mayoría de los implicados son jóvenes de entornos vulnerables, para quienes esta actividad supone una salida rápida a la precariedad. Sin embargo, su violencia hacia las fuerzas de seguridad va en aumento. “Todavía no están armados, pero no dudan en golpearnos o intentar atropellarnos”, advierten los agentes.
Desde la Fiscalía Antidroga de Cádiz se reclama un endurecimiento de las penas, buscando encuadrar este delito en el artículo 568 del Código Penal, relativo al tráfico de sustancias explosivas. Algunos juzgados ya han empezado a enviar a prisión a petaqueros, aunque los casos aún son escasos.
Los sindicatos policiales insisten en que la falta de medios dificulta la lucha contra un fenómeno que ya se extiende por todo el litoral gaditano. Reclaman la declaración de la provincia como Zona de Especial Singularidad por la presión del narcotráfico, que lejos de frenarse, sigue diversificándose.