Nunca los silencios hablan tanto como los que se abren paso entre el gentío de la plaza de la Constitución de la ciudad autónoma todos los segundos miércoles de cada mes, como muestra de solidaridad con las personas migrantes
La asociación Elin ha denunciado que «son más de 700 los niños y niñas que entraron a Ceuta y que a día de hoy se encuentran en albergues temporales que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad o que se encuentran en situación de calle, nos preocupa la llegada del frío y la lluvia, y las consecuencias que esto puede tener para la vida de estos niños y niñas».
En el manifiesto que se ha leído hoy han asegurado que «tras la expulsiones masivas de muchos menores del pabellón de Santa Amelia, este ha seguido siendo un lugar de vulneraciones de derechos de la infancia, durante mas de un mes se ha retenido a los niños en contra de su voluntad, prohibiéndoles cualquier tipo de salida y sin poder ver la luz del día«.
Además la organización ha vuelto a denunciar «los abusos de poder y agresiones que se han seguido dando por parte del personal en Santa Amelia y en Piniers, nos preocupa especialmente la situación de estos niños y niñas, ya que muchos de ellos llevan casi cinco meses dentro del sistema de protección y no se han iniciado los procedimientos para su tutela«, y han recordado que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía han advertido que la tutela y la regularización de estos menores se debe realizar «en un mes», una tramitación «inexistente» en Ceuta.
Además han exigido: el cumplimiento tanto de la legislación española como del Derecho Internacional, recordando la obligación del Estado español de velar por el interés superior del menor; que las autoridades responsables hagan todo lo posible para mejorar las condiciones de los centros en los que se encuentran los menores y se les asegure de esta forma el poder disfrutar de una infancia digna. Que se ponga fin a las devoluciones en caliente y devoluciones colectivas, «pues las mismas contravienen el derecho internacional, son, por tanto, ilegales y atentan contra los derechos humanos de las personas que las sufren»; que se propongan soluciones reales a la situación de todas las personas transfronterizas y se evite que sigan permaneciendo en un limbo legal y administrativo, lo cual no les permite avanzar ni tener una vida digna en nuestra ciudad; que se creen vías legales y seguras por las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación y cesen las muertes y desapariciones de personas migrantes y refugiadas y que se respete la dignidad de todas las personas, tanto migrantes como refugiadas.
Por las personas migrantes que están en el CETI, han pedido que «puedan conseguir ropa y calzado para protegerse del frío lo antes posible»; que cuando se dé un conflicto en el CETI, se resuelva sin expulsar a nadie del centro, utilizando el diálogo y la comunicación para establecer una posible sanción; que se les dé información clara y comprensible sobre su situación; que se atienda urgentemente la situación de Ibrahima y Emmanuel y que se haga todo lo posible por permitirles salir cuanto antes a la península.