Concretamente, en su informe anual como Mecanismo Nacional de Prevención, el Defensor del Pueblo recomendó tras una visita al Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal incorporar la perspectiva de género en el protocolo de prevención de suicidios
La Institución del Defensor del Pueblo ha registrado en el Congreso y en el Senado el Informe Anual 2021 que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).
Entre las visitas realizadas el año 2020 estuvo la del Centro Penitenciario de Ceuta, donde comprobaron “que en todos los centros visitados se aplica un mismo protocolo de prevención de suicidios, sin atender las especificidades de mujeres y hombres solo se recoge la preocupación por algunos datos como el hecho de tener hijos, o ascendientes o descendientes a cargo”. Por eso, desde la Institución recomiendan “incorporar la perspectiva de género en el protocolo de prevención de suicidios”.
Además, en otro punto de su informe sobre la prevención de las desapariciones forzadas, el Defensor del Pueblo insta al Estado a que “considere incluir de manera expresa en su legislación interna la prohibición de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada”.
Asimismo, recomienda al Estado “garantizar el estricto respeto, en toda circunstancia, del principio de no devolución consagrado en el artículo 16 de la convención, asegurando que, antes de proceder a una expulsión, devolución, entrega o extradición, se realice una evaluación individual exhaustiva con miras a determinar si existen razones fundadas para creer que la persona concernida pudiera estar en peligro de ser víctima de desaparición forzada, incluidas las personas que intentan cruzar la línea fronteriza en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de manera irregular”.
A nivel nacional
El pasado año se visitaron 72 lugares de privación de libertad y se realizaron, además, 7 actuaciones no presenciales, dando lugar a 899 resoluciones dirigidas a diferentes administraciones. También se formularon 255 recomendaciones, 618 sugerencias y 26 recordatorios de deberes legales.
Comisarías y comandancias
El año pasado se inspeccionaron 34 lugares de privación de libertad de corta duración: 13 comisarías y otros espacios de custodia de la Policía Nacional, 12 comandancias y puestos de la Guardia Civil, una dependencia de policía autonómica, cinco calabozos de policías locales y tres salas de custodia en sedes judiciales.
El Defensor del Pueblo se interesa por que las instalaciones cuenten con las máximas condiciones de seguridad y de que carezcan de elementos estructurales que puedan suponer un riesgo para la integridad física de las personas detenidas.En este contexto, realizó una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para mejorar la seguridad de los 15 calabozos ubicados en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras (Cádiz), donde dos detenidos se suicidaron por ahorcamiento en 2020.
El MNP también analiza si los abogados pueden acceder a los detenidos de forma reservada y en cualquier momento, y se fija especialmente en las condiciones en las que se desarrolla la privación de libertad de menores.Sobre este último asunto, y tras una visita a la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, realizó una recomendación para que se elabore un protocolo de actuación policial en el ámbito de esta policía autonómica que garantice una normativa específica para toda clase de intervención policial con personas menores de edad.
Centros de extranjeros
En 2021, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación a la Dirección General de la Policía para que dictara una instrucción en la que se incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas internas en los centros de extranjeros.
Asimismo, recomendó que se faciliten datos como la edad de los extranjeros que ingresan en estas instalaciones, el tiempo de permanencia y la identidad de los solicitantes de protección internacional.
Prisiones
En 2021 se visitaron 28 lugares de privación de larga duración: 17 centros penitenciarios, 1 hospital psiquiátrico penitenciario, 7 centros de menores infractores y 3 unidades dedicadas atender a personas con problemas de salud mental.
Por lo que se refiere a las prisiones, la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 siguió condicionando su actividad, si bien se generalizó la vacunación de las personas internadas y del personal penitenciario.
El MNP visitó por primera vez los centros penitenciarios de Algeciras (Cádiz), Huelva, Joves de Barcelona y Sevilla I. El resto fueron visitas de seguimiento (Centro Penitenciario Sevilla II, Puerto I -Cádiz-, Ávila, Segovia, Castellón I, Menorca, Brians I -Barcelona-, Albolote -Granada- y León). Además, se realizaron actuaciones no presenciales en los centros Madrid II, III, V, VI, VII y Castellón II.
La institución Defensor del Pueblo considera necesario seguir avanzado en la reducción de la aplicación de medios coercitivos mediante el uso de medidas alternativas.
En lo que se refiere a la salud mental y prevención de suicidios, ha detectado avances en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y subraya que en los centros penitenciarios de Cataluña hay márgenes de mejora. En cuanto a la asistencia sanitaria de las prisiones, se detectan deficiencias en las condiciones en que desarrolla su trabajo el personal sanitario y persiste la escasez de psiquiatras y psicólogos clínicos.
En 2021 el MNP visitó cinco centros de internamiento de menores infractores (CIMI): El Molino (Almería), el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Zaragoza, el Centro Educativo Arratia (Bizkaia), el CIMI Teresa de Calcuta (Madrid) y el CIMI Ciudad de Melilla.
Tras la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo para abolir las contenciones mecánicas en los CIMI que se plasmó en 2021 en un cambio normativo que prohíbe estas prácticas, el MNP ha prestado especial atención en sus visitas a comprobar si se han erradicados estos medios de contención.
En las inspecciones también se han observado con detenimiento los protocolos de prevención de suicidios, la cumplimentación de los partes de lesiones y los procesos de recepción e ingreso de los menores. Además, se formularon sugerencias tras detectar desperfectos en las instalaciones y deficiencias estructurales en los centros.
Falta de psicólogos
La pandemia provocada por la Covid-19 ha tenido un efecto específico en la salud mental. En 2021 el MNP realizó dos visitas a establecimientos en los que se atiende a personas con problemas de salud mental: el Sanatorio Esquerdo (Madrid) y el Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago de Compostela).
El MNP ha llamado la atención sobre la escasez de profesionales de psicología en los centros visitados y el exceso de medicación de algunos pacientes y la necesidad general de mejorar la atención médica de los internos.
Visitas con enfoques transversales
La institución Defensor del Pueblo ha puesto en marcha dos programas para focalizar la prevención de la discriminación de la situación de determinadas personas privadas de libertad. Así, en 2018 inició uno dirigido a prevenir la discriminación por género en centros penitenciarios, y en 2021 se ha ampliado a centros de menores y de salud mental. Además, en 2022 se ha iniciado un nuevo proyecto para analizar el trato dispensado a las personas internas con discapacidad intelectual.
Por otra parte, en 2021 el MNP supervisó seis operativos de repatriación de extranjeros en los que se monitorizó la repatriación de 306 personas.