El Gobierno instó a las principales eléctricas y a la gran industria a ejercer presión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de evitar el rechazo parlamentario al nuevo decreto energético. El Ejecutivo advirtió de los efectos negativos que implicaría su derogación, especialmente en términos de inversión y competitividad.
Tras la caída de la normativa impulsada por el Gobierno, diversas asociaciones empresariales del sector energético e industrial han manifestado su preocupación por las “consecuencias graves” que esto puede acarrear. Entre ellas, se destacan la pérdida de inversiones tanto en industria como en energías renovables, pilares clave para la transición energética y la economía verde.
Organizaciones sectoriales consideran que la falta de un marco regulatorio estable podría frenar el impulso inversor en proyectos estratégicos, en un momento clave para consolidar el crecimiento del tejido productivo y cumplir con los objetivos climáticos europeos.
