El Gobierno ha dado un paso firme hacia la reforma de la ley electoral al aprobar este martes, en Consejo de Ministros, una modificación que contempla la obligatoriedad de los debates entre candidatos durante las campañas. Esta decisión se ha tomado a pesar de las “dudas constitucionales” expresadas por la Junta Electoral Central, el órgano encargado de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales.
A juicio del Ejecutivo, los debates públicos son una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Sin embargo, la Junta Electoral ha manifestado reparos en cuanto a la viabilidad jurídica de imponer la obligatoriedad de estos encuentros, sugiriendo que podría entrar en conflicto con los derechos de los partidos políticos y las garantías constitucionales.
Fuentes gubernamentales han defendido que la medida busca fortalecer la calidad democrática, especialmente en un contexto de creciente desinformación. No obstante, la controversia jurídica podría trasladarse al Tribunal Constitucional si se cuestiona la legalidad de la norma una vez entre en vigor.
Con esta reforma, el Gobierno pretende institucionalizar lo que hasta ahora era una práctica habitual pero voluntaria, abriendo un debate de mayor calado sobre los límites legales y éticos de la regulación electoral en España.
