El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso para que aclare los motivos por los cuales el Gobierno está poniendo en riesgo el transporte aéreo de los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta situación se debe al impago de las bonificaciones que el Estado debe a las compañías aéreas, lo que ha generado una creciente preocupación entre los afectados.
Lee tambien: Movilización en el Gran Premio de España: iniciativa popular en las gradas del Madring para apoyar a Ceuta
Te interesa
Sofía Acedo, diputada nacional del PP, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva un retraso de dos años en sus pagos. Según sus estimaciones, la deuda podría alcanzar los 1.500 millones de euros en 2025, lo que pondría en peligro estas ayudas en Melilla. “Es lo último que faltaba para terminar de ahogar a la ciudad”, ha subrayado Acedo, enfatizando la gravedad de la situación.
La parlamentaria ha advertido que las aerolíneas ya han notificado al Ministerio que reducirán la conectividad entre la península y las islas, así como Ceuta y Melilla, si no se les abonan las deudas pendientes. El PP sostiene que una “mala gestión de los recursos por parte del Gobierno de Sánchez no puede poner en riesgo nuestro derecho a la movilidad en términos asimilados al de los peninsulares”.
Acedo ha reprochado al Gobierno central que considere que está haciendo un favor a los territorios insulares con la bonificación del 75 por ciento. “Es obligación del Estado garantizar la conectividad con la península”, ha recordado, criticando que haya dinero para otros fines, pero no para pagar a las aerolíneas. “Es una vergüenza y una injusticia”, ha añadido.
Además de solicitar la comparecencia de Óscar Puente, el Grupo Popular ha presentado una serie de preguntas sobre este asunto. El PP busca conocer el monto exacto de la deuda pendiente del Gobierno con las compañías aéreas, el desglose de los pagos de los últimos dos años y las razones por las cuales la deuda ha alcanzado los 810 millones en 2024 y podría dispararse a 1.500 millones en 2025. La situación sigue generando inquietud entre los residentes de estas comunidades, que ven amenazado su derecho a la movilidad.
