El 20 de diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas publicó el informe fiscalizador relativo al ejercicio 2016 del estado de las cuentas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El TC se percató de carencias en varios capítulos y defectos de forma que desarrollan a lo largo de un extenso escrito, advirtiendo a la Ciudad de las subsanaciones que debe llevar a efecto en base a la normativa vigente. Son evidentes inexactitudes que reflejan superávits en lugar de capítulos deficitarios, por lo que el Tribunal insta a la Ciudad a ceñirse a sus indicaciones. El estado de las arcas públicas sigue dependiendo en exceso de subvenciones como el Fondo de Compensación Interterritorial y unas ausencias en la elaboración de los Presupuestos Generales marcada por un escaso rigor, con datos cuestionables cuya motivación se desconoce. El gasto en personal va en aumento aunque las cifras en número de empleados se mantienen.
En esta línea advierte a la Administración de la Ciudad que mantenía al cierre del periodo fiscalizado pendiente de regularizar y valorar en su contabilidad y en el inventario general de bienes y derechos de la Ciudad un volumen significativo de bienes del inmovilizado. Esta situación, señala el Tribunal, «unida a la falta de comprobaciones físicas de los elementos de inmovilizado, a la aplicación de procedimientos contables incorrectos en la contabilización de las altas y bajas de estos bienes, así como a la ausencia de amortizaciones y correcciones valorativas relativas a la depreciación de estos bienes, motiva que no sea posible pronunciarse sobre la razonabilidad de las valoraciones de los activos correspondientes a las diferentes rúbricas del inmovilizado».
Las memorias de Organismos autónomos como el Instituto de Estudios Ceutíes, Instituto de Idiomas y del Patronato Municipal de la Música incurren en falta de adaptación «al formato de la nueva Instrucción de contabilidad para la Administración Local». Asimismo, indica el TC que «en las cuentas de todas las empresas, salvo en Obimace, faltan las firmas de varios administradores, por los votos particulares en contra de su aprobación».
En cuanto al control interno la Intervención de la Ciudad «no ha llevado a cabo una separación de las funciones de contabilidad y de control», que formaría parte de su cometido a priori. Asimismo existen carencias y debilidades, señalan, «en el control ejercido por dicho órgano, así como la ausencia de los controles financieros y de eficacia previsto en la Ley de Haciendas Locales».
La perpetuación de deficiencias y debilidades señaladas en informes de fiscalización de ejercicios anteriores en la organización general del personal y los servicios de la Ciudad, es una tara por pulir según el Tribunal de Cuentas, «en el control de los bienes y derechos patrimoniales de la Ciudad, en los registros contables, así como en los sistemas de gestión y control de las subvenciones y ayudas otorgadas por la Ciudad». La creación de un Plan de Subvenciones por parte del Ejecutivo local viene a enmendar este fallo.
En el Presupuesto General de la Ciudad no se han incluido además, indica el Tribunal, «los presupuestos de la Fundación Premio Convivencia y el Consejo Rector de la UNED, participados mayoritariamente por la Ciudad. Asimismo, no se han elaborado los presupuestos de actuación, inversión y financiación de las sociedades municipales».
El grado de ejecución del presupuesto de gastos fue del 85 por ciento y el grado de liquidación del presupuesto de ingresos del 90 por ciento, registrándose un resultado presupuestario positivo de diez millones y medio de euros. No obstante, esta magnitud se encontraba sobrevalorada en alrededor de cuatro millones de euros debido, principalmente, a la falta de registro de transferencias con empresas municipales por encomiendas de gestión, a gastos corrientes aprobados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito en ejercicios posteriores, a tasas y cánones de concesiones administrativas devengadas y no contabilizadas con la Autoridad Portuaria de Ceuta, así como a gastos derivados de sentencias judiciales firmes contra la Administración de la Ciudad tampoco registrados.
El resultado económico-patrimonial registrado por la Administración General de la Ciudad en 2016 reflejó un ahorro de veinte millones de euros. Esta magnitud está afectada por importantes salvedades y limitaciones que afectan a la representatividad de la cuenta de resultados del ejercicio, entre las que, por su importancia, destacan la ausencia de dotaciones a la amortización por depreciación de los elementos del inmovilizado y la infravaloración de derechos y obligaciones reconocidas. El remanente de tesorería, a 31 de diciembre de 2016, presentó un saldo positivo de 34 millones de euros que no reflejaba la verdadera situación financiera a corto plazo de la Ciudad, encontrándose sobrevalorado, al menos, en un importe de 51 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la infravaloración de la provisión para insolvencias, de los compromisos de gasto no registrados con las sociedades municipales Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, así como de la falta de registro de cánones de concesiones administrativas con la Autoridad Portuaria de Ceuta y de obligaciones con proveedores, por lo que esta magnitud presupuestaria pasaría a presentar un saldo negativo de 16 millones.
Los cinco Organismos autónomos municipales, que han gestionado el 5% del presupuesto consolidado de la Ciudad, han obtenido resultados positivos, salvo el Instituto Ceutí de Deportes y el Patronato Municipal de Música, que han registrado unos déficit de 193 y 59 miles de euros, respectivamente
En relación con la gestión de las subvenciones «los convenios suscritos con entidades para la concesión de subvenciones directas deberían precisar con mayor detalle los conceptos de gasto subvencionables y estar acompañados de los oportunos estudios económicos que justifiquen los importes financiados». Además «la Administración General de la Ciudad debería estudiar la aplicación de medidas para avanzar en la presencia equilibrada de mujeres y hombres dentro de su estructura de su personal y elaborar la documentación pertinente sobre el impacto de género en la definición y presupuestación de las políticas públicas».