El juez encargado de la instrucción judicial ha señalado en un auto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”, en el marco de una causa que ha sacudido los cimientos de la Fiscalía.
Según el magistrado, García Ortiz habría seguido directrices externas en decisiones clave relacionadas con la causa, lo que podría suponer una grave vulneración de la autonomía del Ministerio Fiscal. El juez reprocha además al fiscal general el borrado masivo de datos en sus dispositivos electrónicos, realizado en plena instrucción judicial, lo que califica como una posible obstrucción a la justicia.
A esta actuación se suma la negativa de García Ortiz a responder a las preguntas del juez instructor, un comportamiento que ha sido interpretado como una falta de colaboración con la justicia. “La actuación del fiscal general no solo ha entorpecido la investigación, sino que plantea serias dudas sobre la independencia de su actuación”, señala el auto.
Desde el entorno del fiscal general no se ha emitido, por el momento, ningún comunicado oficial, aunque fuentes cercanas aseguran que “todo se ha hecho conforme a la legalidad vigente”.
Este nuevo episodio añade presión sobre el Gobierno, que podría verse obligado a dar explicaciones públicas si se confirma que existieron instrucciones directas desde Moncloa.
