Hoy la agenda feminista puede tachar del calendario una de las medidas que se llevan pidiendo hace muchos años y es la anulación de ley de 2015 del Partido Popular que supuso un retroceso en los derechos de las mujeres a decidir.
La Comisión de Igualdad celebrada ayer trajo varios titulares, pero uno de los más destacados gira entorno al aborto. Este tema tan controvertido que está en pleno auge a nivel internacional vuelve a tomar portadas en los medios de España con la medida que comunicó la ministra Irene Montero.
Se pone en marcha la derogación de la ley del aborto de 2015. Esta reglamentación supone la obligación de presentar un permiso paterno para interrumpir el embarazo a las adolescentes de 16 y 17 años. La propia ministra aludía dicho cambio a favor de que “todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos”. Además, el Ministerio de Igualdad se comprometió a mejorar la salud sexual de toda ciudadanía “garantizando mejor acceso posible a la anticoncepción y a la educación sexual efectiva”.
Montero anunció que están trabajando en la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Reforma de la Ley del aborto 2015
Con el gobierno de Mariano Rajoy entró en vigor en 2015 una reforma de la ley del aborto que incluía la obligación paterna o de tutores legales para la interrupción del embarazo en las adolescentes de 16 y 17 años. Lo defendían como una medida para proteger a las menores.
En cambio, las profesionales no dicen lo mismo. ACAI (Asociación de Cínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) señala que la necesidad del consentimiento paterno “vino a limitar la única vía legal que tenían las menores en desamparo para acceder a un aborto”. Ante el anuncio, las clínicas acreditas piden a Igualdad que el cambio también debe estar en la normativa anterior, en la de 2010 las menores deben consultar a sus progenitores salvo en excepciones. Es “difícilmente sostenible” que las jóvenes de 16 y 17 años puedan decidir libremente ser madres, casarse o rechazar tratamientos médicos, pero no interrumpir voluntariamente su embrazo. “Pedimos una legislación en línea con otros países de Europa”, por ejemplo, en Francia a partir de los 16 años las adolescentes pueden abortar libremente sin necesidad de informar.
Reacciones al anuncio
Los comentarios de apoyo y alegría ante el anuncio de acabar con esta discriminación sobre las menores han sido numerosos dentro del feminismo. Es una gran noticia para la salud de las mujeres. Unas de las organizaciones que han mostrado satisfacción ha sido la EPFE que a través de un comunicado ha plasmado que la derogación de la ley supone evitar abortos clandestinos y complicaciones para la salud de la menor.
Pero el avance no acaba ahí. Las organizaciones y expertas vienen demandando medidas que garanticen la igualdad de acceso al derecho a la IVE en todas las comunidades autónomas, apoyo psicológico y recursos sociales para las mujeres que lo necesiten y el acceso al aborto desde sistema público de salud sin externalizaciones a clínicas privadas, eliminando también los obstáculos que encuentran las mujeres migrantes –la falta de información en varios idiomas, entre otros-.