Las organizaciones feministas quieren que sus reivindicaciones se concreten y expresen en propuestas políticas y se incluyan en los programas electorales de los partidos.
Tras discusiones y búsquedas de consensos, más de cuarenta colectivos han lanzado su manifiesto, que incluye 83 medidas, ante las legislativas del 28 de abril. El próximo 11 de abril se lo presentarán a los cuatro grandes partidos -PP, PSOE, Cs y Unidas Podemos- .
Los colectivos feministas firmantes reconocen que desde 2016 ha habido «tímidos avances institucionales» en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género -«de mínimos»- o la recuperación de las competencias de Igualdad en los Ayuntamientos. Pero expresan «suma preocupación» la crispación política, «el avance de los fundamentalismos» o el «riesgo de regresión en los derechos alcanzados».
“Somos un movimiento de protesta contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, pero también de propuestas respecto al empleo, los cuidados, las pensiones, la sanidad, la educación, la sexualidad, el consumo, las fronteras y la laicidad. Unidas, fortaleciendo nuestras alianzas con otros movimientos sociales”, argumentan, antes de ofrecer sus propuestas.
1. Lucha contra la violencia de género
La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género reconoce como oficiales desde el 2003 a 2 de abril de 2019 a 990 mujeres víctimas mortales. Feminicidio.net (Observatorio independiente) sólo desde 2010 hasta 2 de abril de 2019 tiene documentados 1009 feminicidios y otros asesinatos de mujeres, (880 feminicidios, 94 otros asesinatos y 35 casos en investigación), de los cuales sólo el 51,53% son oficiales (520 feminicidios íntimos). Desde el 2013 a 2 de abril de 2019 esta misma fuente cifra en 57 los menores asesinados por violencias machistas (38 niñas, feminicidios infantiles y 19 niños, menores varones), mientras que la Delegación de Gobierno sólo ha reconocido 27 casos (12 niñas y 15 niños).Recogiendo las propuestas del Informe Estambul-Sombra enviado por 252 ONGs al Consejo de Europa, exigimos mayor diligencia en el cumplimento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y en concreto exigimos:
1. La aplicación en España del Convenio de Estambul, con el reconocimiento a todas víctimas.
2. Tratar judicial y socialmente como violencia de género las 120.640 agresiones sexuales anuales, según datos oficiales. Geoviolenciasexual.com señala que entre 2016 y marzo de 2019 en España se han contabilizado 104 manadas (agresiones sexuales múltiples) al menos a 111 mujeres, una de cada tres menores de edad (36%), por parte de 356 agresores sexuales, 87 de ellos menores de edad cuando perpetraron las agresiones (24,4%) uno de cada cuatro.
3. Una protección integral de las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género por parte de personal especializado, y además revisar el sistema VioGen y la creación de comisarías especializadas. Apoyamos una Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, con perspectiva de género.
4. Cooperación internacional en materia de VG. Que España y la Unión Europea garanticen la protección internacional de mujeres y niñas y niños. Exigimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado. Exigimos que no se supedite a que ‘el agresor se encuentre en España’ (art. 23.4.l de la LOPJ) para la protección a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual aquí. (Ej. Juana Rivas). Así mismo, exigimos el derecho de las mujeres migrantes de cualquier país a que su situación como víctimas de violencia de género, sea comunicada a las oficinas consulares de sus países de origen. Exigimos un Protocolo de derivación en caso de Retorno a fin de que las víctimas de Violencia de Género que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos sus derechos. Creación de una orden Latina-Hispana de protección a las víctimas de violencia, a semejanza de la Euro-Orden.
5. Revisar la articulación entre Ley de Extranjería y Ley contra la VG a fin de desarmar la discriminación de facto que se produce hacia las mujeres migrantes en general y hacia las mujeres migrantes en situación irregular.
6. Pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, y que organismos públicos especializados en VG emitan informes vinculantes sobre la mujer y sus hijas e hijos.
7. Que se reconozcan los casos de violencia psicológica en aplicación del art. 33 del C. Estambul, siendo imprescindible que se pongan en marcha todas Unidades de Valoración Forense Integral necesarias formadas por profesionales de la sanidad, la psicología y el trabajo social forense.
8. Que la atención jurídica, psicológica y social sea más extensa, y que se preste antes, y no después y supeditada a la presentación de denuncia judicial, y no sólo a la violencia de pareja, especificando su financiación por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Incluyendo la creación de empleo público.
9. Más participación de las ONGs, con un enfoque interseccional e intercultural, en el seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas.
10. La prohibición de la Custodia Compartida impuesta mediante la supresión del punto 8 del art. 92 del Código Civil que permite, con la jurisprudencia del TS, que se imponga en sede judicial de forma preferente, no teniendo en cuenta los hechos violentos, en contra del art. 31 C. Estambul.
11. Supresión del régimen de visitas y patria potestad en casos de VG aplicando los juzgados los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 que les facultan para ello y les obligan en todo caso a vigilarlas y que cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a España-2015 y el Dictamen 47/2012 (caso Ángela G Carreño) del Comité CEDAW.
12. Una regulación que penalice el uso y apología del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) o su filosofía en los juzgados o fuera de ellos.
13. Que se escuche la voluntad de las y los menores de cualquier edad por especialistas con perspectiva de género y derechos de la infancia. Que en todo procedimiento judicial se escuche a las y los menores teniendo en cuenta su interés superior. Evitando su revictimización y siempre tomándoles declaración con apoyo de profesionales expertas (trabajadoras/es sociales y psicólogas/psicólogos) en atención y evaluación psicosocial de víctimas de violencia de género, violencia sexual y menores. A través de la Prueba preconstituida, contando con los medios y materiales tecnológicos para ello.
14. Formación en temas de igualdad y violencia de género dirigida a operadores jurídicos, fuerzas de seguridad en general que operan en este ámbito, trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/as sociales, personal sanitario y educativo, desde un enfoque interseccional e intercultural, así como que se pongan medios necesarios que permitan llevar a cabo metodologías de atención, evaluación y seguimiento que eviten la revictimización (cámaras Gesell, salas amigables, etc).
15. Responsabilidades de la mala praxis de los operadores jurídicos mediante sanciones, penas e inhabilitaciones profesionales. Exigir responsabilidad del Estado en los casos de Violencia Institucional, así como responsabilidad subsidiaria del Estado.
16. Equiparar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual las de las víctimas de terrorismo.
17. Que se retire del texto del anteproyecto de ley de “impulso a la mediación” la obligatoriedad de certificar la asistencia a un proceso de mediación como requisito de admisión de demanda en material de familia”.
18. Cualquier encuesta de carácter sociológico sobre percepción de la violencia no puede equiparar o asimilar la violencia de género con cualquier otra forma de violencia en la pareja o entre familiares. Solicitamos la retirada de España del proyecto de encuesta de Eurostat en el caso de que asimile la violencia de género a cualquier otra forma de violencia.
19. Punto Morado Permanente: atención 24 horas a las mujeres que lo soliciten y que estén sufriendo algún tipo de violencia de género.
2. Más empleos de calidad y reversión de los recortes, que aumentan la desigualdad
La discriminación de las mujeres en el empleo se manifiesta en que somos el 45% de las personas con empleo, pero el 58,4% de los parados registrados, nos asignan el 76% de los empleos a tiempo parcial y nuestro sueldo medio (20.131 € al año) es un 29% inferior al de los hombres (25.924 €). La falta de servicios y el reparto desigual de las tareas de cuidado nos hace interrumpir más nuestra vida laboral (el 95% de las excedencias para cuidar hijos o familiares en 2016 son de mujeres), un agujero para nuestra promoción profesional y las cotizaciones sociales que hace que nuestras pensiones sean un 36% inferiores.
La desvaloración se intensifica en el trabajo remunerado de cuidados: a las auxiliares de ayuda a domicilio no se les paga el tiempo de desplazamiento entre domicilios, y a las empleadas de hogar no se les paga el seguro de desempleo, viviendo las internas condiciones de esclavitud.
Exigimos:
1. La derogación de las dos últimas reformas laborales
2. Que el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres, y no el integrismo del déficit, sean el centro de una nueva política económica
3. Que el tiempo parcial se compute estadísticamente en tasa diferenciada de la del tiempo completo, y se relacione con la pobreza y violencia contra las mujeres
4. Ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos y establecer la protección por desempleo.
5. Equiparar en derechos a las trabajadoras de hogar: integración en el Estatuto de los Trabajadores, el Régimen General de la Seguridad Social, la Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la Inspección de Trabajo, el cálculo de las pensiones y la negociación colectiva. Eliminar la disponibilidad total de las internas.
6. Aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 426 euros mensuales para cerca de 2,1 millones de personas, dos tercios mujeres, demandantes de empleo sin ingresos.
7. Para que nuestra economía no vaya de una burbuja a otra, destinar el 3% del PIB a investigación y desarrollo, con equilibrio de sexos en el CSIC y las universidades.
8. Trabajar menos para trabajar todas y todos: avanzar en la reducción general de la jornada laboral
9. Eliminar la brecha de género en salarios (29%), pensiones (36%) y cobertura por desempleo (15%)
10. Que la Ley de Dependencia garantice el derecho a un cuidado digno y condiciones dignas de trabajo a sus profesionales.
11. Exigir y luchar por el cumplimiento de la Ley de Igualdad en las empresas, emplazando a los poderes públicos a garantizar su ejecución ante las resistencias de sectores empresariales y judiciales.
3. Cobertura suficiente de la educación infantil de 0 a 3 años y la atención por dependencia
Actualmente su cobertura es de un tercio de las necesidades, contribuyendo a que las mujeres dediquemos cada día al hogar y la familia 4h 29 minutos, casi el doble que las 2h 32 minutos de los hombres (INE Empleo del Tiempo 2009-2010). El Informe de la OIT en 2018 sobre “El trabajo de cuidados” cifra el trabajo no pagado de cuidados en España en 130 millones de horas al día -equivalentes a 16 millones de empleos a tiempo completo y al 15% del PIB- y marca la vía óptima hacia el trabajo de cuidados decente y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.4 de la ONU convirtiendo el trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado en empleos dignos en servicios públicos de salud, educación (particularmente en la etapa de 0 a 3 años) y cuidado de personas en situación de dependencia, mediante un gasto adicional de 3,5 % del PIB de aquí a 2030: 40.800 millones de euros.
Exigimos:
1. La cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años
2. Que no vuelvan a posponerse en 2021 los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, de 16 semanas por nacimiento o adopción a cada persona progenitora del Decreto-ley 6/2019 que amplía el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas en 2019 y 12 en 2020.
3. Tributación individual al IRPF y cubrir las necesidades de las familias monomarentales, la infancia y personas mayores con gasto público, no con desgravaciones fiscales que crean desigualdad territorial y social. Consideración de las familias monomarentales con un/a solo/a hijo/a sujeto de los mismos derechos que las familias monomarentes con dos o más hijos/as, ya que ambas experimentan dificultades derivadas de la asunción de la crianza y educación por parte de un solo progenitor, independientemente del número de hijos/as a cargo.
4. Carácter universal y suficiente de la atención a personas en situación de dependencia, con financiación adecuada. El proyecto de PGE para 2019 preveía aumentar la aportación del Estado el 59 %, hasta 2.232 millones: 415 M más para las cuantías mínimas, que permitiría atender a 80.000 de las casi 100.000 personas en lista de espera y crear 18.500 empleos con derechos; 100 millones para el nivel acordado suspendido hace años y 315 para pagar la Seguridad social a unas 180.000 de los 408.279 cuidadores familiares (89% mujeres). Pero el Decreto-ley 6/2019 solo favorece la paga a cuidadoras, la prestación más barata y más perpetuadora del desigual reparto de los cuidados entre mujeres y hombres y entre familias y sociedad.
5. La cobertura universal con servicios profesionales y públicos de atención por dependencia generaría 600.000 nuevos empleos (36 por cada millón de euros invertido) mientras la “prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar” (ahora más del 31% de las prestaciones) no se adecua a las necesidades de la persona dependiente, no crea empleo y deteriora la salud y derechos de la persona cuidadora.
6. Reforzar los recursos materiales y humanos del sistema de Servicios Sociales y coordinarlo eficientemente con los servicios de salud, para que los tiempos de tramitación no disuadan de solicitar ayuda y los servicios puedan iniciarse cuando se plantea la necesidad.
4. Mecanismos institucionales para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
1. Ministerio de Igualdad y fortalecimiento del Instituto de la Mujer y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Aprobación en cada legislatura del Plan de Igualdad, con mayores recursos humanos y presupuestos para su incidencia social y política, su coordinación con las Comunidades Autónomas y la participación de las organizaciones de mujeres, como dice el punto 15 de las Observaciones del CEDAW.
2. Crear un cauce amplio de participación de las organizaciones feministas, ya que el actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del gobierno, ni representativo, plural, democrático y canalizador de las reivindicaciones del movimiento feminista.
3. Cumplir el preceptivo desglose por sexos de las estadísticas y su publicidad, y dar a los preceptivos informes de impacto de género de leyes y normas el carácter de análisis crítico del que ahora carecen, incluyendo el del Presupuesto del Estado, incorporando la participación social.
4. Estado laico.
5. Aprobación de una ley integral contra la explotación sexual de mujeres en prostitución y trata
La prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual son formas extremas de violencia sexual contra las Mujeres. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las mujeres en situación de prostitución y nos oponemos rotundamente a que sean perseguidas o penalizadas de cualquier forma. España ocupa el tercer lugar a nivel global de países consumidores de prostitución y a esta situación se suma el aumento del mal llamado “turismo sexual”. Además, la ratificación del Convenio de Palermo (2000) no se ha traducido en cambios legislativos para terminar con la demanda de prostitución ni perseguir todas las formas de proxenetismo. Según datos estimados, en España 100 mil mujeres y niñas son prostituidas y más del 80% son extranjeras migradas. Por ello, exigimos la aprobación de una Ley Integral contra la Explotación Sexual de mujeres en Prostitución y Trata en línea con otros países como Suecia, Noruega, Islandia, República de Irlanda del Norte y Francia. La ley deberá incluir:
1. La modificación de la legislación punitiva incorporando a la misma las previsiones contenidas en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949), tipificando toda intermediación lucrativa en la prostitución ajena, medie o no el consentimiento de la persona prostituida; y la penalización de la tercería locativa; ambas servirán de freno y contención a la industria del sexo y el proxenetismo.
2. Derogación de las medidas sancionadoras habilitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la normativa autonómica o municipal que contemplan sanciones administrativas de la supervivencia en prostitución.
3. Implementación de medidas disuasorias de la demanda de prostitución, incluidas las sanciones administrativas y punitivas.
4. Creación de un fondo estatal destinado al desarrollo de programas y alternativas laborales para las mujeres de salida de la prostitución, así como la atención psicosocial a mujeres prostituidas.
5. Implementar los medios necesarios para evitar la creación, mantenimiento y difusión de la pornografía, así como su acceso por parte de menores de edad.
6. Sanidad pública universal
La desigualdad de género es un determinante de la salud establecido por la OMS por lo que es imprescindible integrar la perspectiva de género en todas las políticas sanitarias por lo que exigimos:
1. Derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 y aplicación efectiva del R.D. 7/2018 sobre el acceso universal al sistema nacional de salud de todas las mujeres, incluida las inmigrantes, eliminar los copagos. Financiación del sistema al menos como la media del PIB de la UE, 7,2. España gasta 2.374 euros por cápita frente a los 2.797 euros de la UE.
2. Derogar la Ley Orgánica 11/2015, que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto. Atención a la I.V.E en centros sanitarios públicos ofertando métodos instrumentales y farmacológicos a elección de la mujer. Acceso a todos los métodos anticonceptivos y píldora de emergencia en todos los centros de atención Primaria y especializada. Sustitución de los objetores
3. Asegurar el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública de mujeres solteras y lesbianas. Transparencia del registro de donación de óvulos y técnicas de reproducción asistida
4. Prevenir y atender el impacto en la salud física y psíquica: de las cuidadoras de personas dependientes o enfermas, de la contaminación ambiental, la violencia de género, la discriminación de discapacitadas, inmigrantes, rurales, ancianas e institucionalizadas, mujeres prostituidas y del abuso y uso de la cirugía estética para la sexualidad, la eterna juventud y la belleza.
5. Atender la morbilidad diferencial entre hombres y mujeres: hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemia, malestares, depresiones, trastornos emocionales, endometriosis, menopausia. Control efectivo de la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis. Revisión de la vacuna del Papiloma Virus Humano
6. Erradicación de violencia obstétrica: reducción tasas de cesáreas, partos inducidos, episiotomías. Adecuación de mobiliario obstétrico a mujeres con discapacidad. Exigiendo actuación policial ante situaciones de acoso a mujeres y profesionales en el perímetro de clínicas acreditadas de interrupción del embarazo y creación de tipo agravado específico al respecto, dentro del delito de coacciones.
7. No a los vientres de alquiler. Sancionar a las agencias que faciliten información y gestiones sobre contratos de vientres de alquiler, prohibición de toda publicidad y actos relacionados con la misma. Derogación de la instrucción de la dirección general de los registros y notariado de 5 de octubre de 2010, dependiente del ministerio de justicia, que es la que permite la homologación de esta práctica en España.
8. Reposición y aumento de plantillas de enfermería, medicina y otros profesionales de los equipos básicos, como las/os trabajadoras/es sociales, tanto en hospitales como en Atención Primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o. Reforzamiento de los servicios de salud mental, adicciones con perspectiva de género.
9. Formación e investigación en salud con perspectiva de género y obligatoria en prevención y atención a la VG.
7. Ecofeminismo en la producción y el consumo
España importa dos tercios de sus recursos naturales, induce el cambio climático aumentando un 17,9% las emisiones de C02de 1990 a 2017, y producimos 1,5 kg de basura por persona al día y 35.000 muertes prematuras, al año por la mala calidad del aire. Lejos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y del Acuerdo de París, no reducimos a la vez la desigualdad social y de género, el colapso climático-ambiental, la degradación de la democracia, la violación de los derechos humanos, el ultranacionalismo, la xenofobia, el cierre de fronteras y la carrera de armamentos.
Exigimos:
1. Economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro. Indicadores alternativos al PIB. Cambio de los hábitos de consumo, abolir la tiranía de la moda y la obsolescencia, dejar de producir y comprar ropa o cosas producidas sobreexplotando a otros pueblos o personas, o innecesarias, y repartir mejor las necesarias. Reutilizar, reciclar y reparar, no usar productos de usar y tirar, sobreenvasados, transgénicos o con sobreprecio “rosa”. Sustituir tampones y compresas por la copa menstrual.
2.Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones del transporte y generales un 55%, salvar de la pobreza energética al 10% de la población, reducir el 40% el consumo de energía y cubrir con renovables el 45%. Fiscalidad ecológica, mejora de la accesibilidad y financiación del transporte público. Que nadie respire aire contaminado según los valores límite de la legislación europea.
3.Ley de Economía Circular que implante el Residuo Cero -que ningún material se pierda en el proceso de la fabricación al consumo-, reducción en origen, eliminación de elementos tóxicos y no biodegradables (como el plástico), la recogida selectiva de la basura orgánica y el retorno de envases con preferencia al reciclado.
4. Ecosistemas sanos, garantizar el derecho humano al agua, que “quien la contamina pague”. Plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales y los proyectos extractivistas.
5. Soberanía alimentaria, frenar el desperdicio y promover el consumo de menos carne y procesados y más vegetales de proximidad, ecológicos y de temporada, que frenan la despoblación rural y el impacto ambiental.
6. Acceso igualitario de las mujeres del mundo rural a los recursos materiales, internet, la sostenibilidad y la gobernanza local. Incluir el equilibrio electoral de sexos en ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes.
8. Vivienda
Devolver a la vivienda su función social frente a la especulación, causante de la crisis de 2008 y revitalizada con la escalada de los precios de compra y alquiler, que absorbe más del 30% de nuestros ingresos medios, retrasa la emancipación de las y los jóvenes, ha desahuciado de 2007 a 2018 a 271.454 personas, mayoritariamente mujeres por impagos de alquiler y hace dormir en la calle o en albergues a 33.000 personas. Exigimos:
1. Nueva Ley Estatal de Vivienda que garantice su función social en todo el territorio.
2. Modificar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con 1,5 millones de viviendas sociales y el 1,5% del PIB. Priorizar el acceso de las personas con rentas bajas, en especial a las familias a cargo de una mujer. Fomentar el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética. Limitar los alojamientos turísticos.
3. Crear un índice oficial de precios e instrumentos para limitar los precios del alquiler
4. Modificar la Ley Enjuiciamiento Civil para paralizar el desahucio hasta que haya alternativa habitacional, como solicita la ONU a España.
5. Eliminar el artículo 245.2 del Código Penal, recuperando por vía civil la posesión frente a la ocupación pacífica.
6. Presupuesto específico para activar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020.
9. Fronteras, migraciones, refugio y ciudadanía
Frente al “nosotros primero” planteamos “nosotras juntas”, reclamando la igualdad y los derechos humanos para todas, no como privilegios por origen, etnia, fama, clase, situación administrativa u otra condición. Porque hay 2,5 millones de españolas y españoles en el extranjero y 4,7 millones de extranjeras y extranjeros en España, que, alejados de sus familias y raíces, buscan un trabajo y una vida dignos y contribuyen al mantenimiento económico y social de los países de origen y destino. Denunciamos a quienes con mentiras, miedo y odio intentan sacrificarlos como chivo expiatorio de los males patrios. No queremos asfixiarnos entre fronteras de concertinas ensangrentadas, ni que el mediterráneo sea la mayor fosa común de la historia, ni que el cierre de fronteras fuerce a las mujeres y niñas a vivir en campos de concentración o a cruzar por vías inseguras bajo sistemática violencia sexual, semiesclavitud, matrimonios forzados y trata.Exigimos:
1. Auditoría de la venta de armas con participación de las mujeres, para construir la paz.
2. Que España y la Unión Europea apliquen el derecho de asilo y anulen su externalización a Turquía y Marruecos y la devolución en masa de personas refugiadas, el 55% mujeres y niños.
3. Reconocer como refugiadas a las mujeres huidas de su país por sufrir violencia sexual y de género, mutilación genital, trata, matrimonio forzado, crímenes de honor o discriminación del Estado.
4. Cerrar los CIE y prohibir el internamiento de menores, embarazadas, lactantes o víctimas de trata.
5. Aumentar la cooperación internacional y su perspectiva de igualdad de género.
6. Terminar con la inseguridad de las porteadoras en Ceuta y Melilla y con las devoluciones en caliente.
7. Garantía de los derechos de los y las menores no acompañadas (MENAS) por la administración.
8. Derogar la Directiva Europea de Retorno.
9. Que las personas nacidas en el Estado español tengan derecho a la nacionalidad española que la residencia conlleve el derecho al sufragio activo y pasivo a las personas migrantes.
10. Apoyo a las asociaciones de mujeres migrantes y reconocerlas como interlocutoras válidas.
11. Demandar mediadores y mediadoras interculturales para la participación.
12. Derogar la Ley Mordaza
10. Educar para la igualdad
En España hay 8 millones de estudiantes y la escuela como espacio social y socializador que es, tiene la capacidad y la responsabilidad de procurar que todo el alumnado y el profesorado se equipen de estrategias para la resolución de conflictos en los que las agresiones no sean nunca la respuesta adecuada. Creemos en la necesidad de una perspectiva integral de prevención de la violencia, basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, dentro de la cual enseñar a rechazar el sexismo y el acoso. Por todo ello, pasamos a desarrollar nuestras exigencias en el apartado sobre educación:
1. Que la prevención de la violencia de género sea una política prioritaria. Exigimos un sistema coeducativo que incluya educación afectivo-sexual, igualdad de género, prevención del abuso sexual infantil y violencia machistas en todos los niveles educativos, ciclos y ámbitos
2. Recuperación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como obligatoria y en las Universidades creación de la asignatura obligatoria sobre Igualdad de Género.
3. Exigimos formación en igualdad con criterios de calidad de profesionales de la educación y demás agentes en los distintos ámbitos, como elementos determinantes a efectos de acreditación, desarrollo y evaluación de los programas aplicados, especialmente en el profesorado de todas las etapas. Así mismo, reclamamos la formación específica para todo el personal que interviene en los medios de comunicación y la producción cultural ya que son también agentes educadores.
4. Puesta en marcha de los Planes de igualdad de los centros educativos con formación obligatoria para los responsables de estos, así como la creación de la figura de agente de igualdad en todos los centros escolares e institutos.
5. Inclusión de manera transversal a mujeres relevantes en todos los ámbitos social, científico, literario etc. en los libros de texto y en el currículum del alumnado de forma que se rompa con la actual segregación en las diferentes áreas de conocimiento.
