Bruselas, 12 de marzo de 2025 – La Presidencia del Parlamento Europeo ha declarado oficialmente que no existen pruebas concluyentes que vinculen al eurodiputado Alvise Pérez con ningún acto de corrupción, soborno o influencia indebida en relación con Cryptospain.
El informe, basado en una investigación detallada tras las denuncias presentadas por la Fiscalía Española, eurodiputados de VOX y diversos medios de comunicación nacionales, establece que el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) facturó 100.000 euros por una charla demostrable en el Hipódromo de Madrid sin que ello constituya ninguna irregularidad.
El documento oficial señala que, si bien Pérez reconoció haber recibido y declarado en tiempo y forma el pago de J. Romillo por servicios realmente prestados, “el Comité Asesor no encontró evidencia concluyente de acciones específicas tomadas por el Sr. Pérez en favor del Sr. Romillo que pudieran sustentar soborno, corrupción o influencia indebida”.
En consecuencia, el Parlamento Europeo concluyó que no se ha producido ninguna violación del Código de Conducta, archivando definitivamente el caso a nivel comunitario.
El Tribunal Supremo insiste en mantener viva la causa en España
La decisión resulta llamativa considerando la presión ejercida por la Fiscalía Española, el partido VOX y varios medios de comunicación para que Pérez fuera sancionado, y porque esta resolución llega después de que el Tribunal Supremo español haya iniciado el trámite de la solicitud para retirar la inmunidad parlamentaria de Pérez, lo que obliga a que el asunto sea elevado al pleno y, paradójicamente, siga su curso en España a pesar de haber sido ya archivado en firme en Europa.
Debido a los tiempos procesales, esto implica que el caso no podrá ser archivado en España hasta, al menos, 2026, manteniendo a Pérez en el foco judicial hasta presumiblemente después de su archivo definitivo tras las próximas elecciones generales, según fuentes jurídicas consultadas.