La Comisión de Igualdad aboga por imponer la presencia equilibrada de ambos sexos en cada cargo y categoría judicial, mientras que el gabinete técnico considera suficiente alcanzar la paridad global durante el mandato del Consejo General del Poder Judicial.
La reciente entrada en vigor de la ley de paridad ha encendido un debate interno en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cómo garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos de la cúpula judicial. La Comisión de Igualdad y el gabinete técnico del órgano han emitido informes contradictorios que reflejan profundas diferencias de enfoque ante la aplicación de esta normativa en un contexto marcado por más de un centenar de vacantes pendientes de cubrir, incluidas cuatro presidencias de sala en el Tribunal Supremo.
Por un lado, la Comisión de Igualdad defiende que la paridad debe aplicarse en cada categoría de plaza adjudicada, asegurando así una representación equilibrada en los espacios clave de toma de decisiones. Este enfoque implicaría que al menos dos de las cuatro presidencias de sala del Supremo pendientes sean ocupadas por mujeres, lo que marcaría un precedente histórico en la composición del alto tribunal. Sin embargo, su informe, aunque influyente, no es vinculante y dejaría la decisión final en manos del pleno del CGPJ.
Por otro lado, el gabinete técnico plantea una interpretación menos estricta de la norma, proponiendo que la paridad puede lograrse de manera acumulativa a lo largo del mandato del Consejo, que se extiende hasta 2029. Según este enfoque, bastaría con que las mujeres representaran el 40% de los nombramientos globales, sin necesidad de imponer ese equilibrio en cada categoría o tribunal específico. Esta postura, respaldada por argumentos sobre la primacía del mérito y la capacidad, contrasta con la visión de la Comisión de Igualdad, que advierte que esta interpretación podría «desdibujar» el principio de igualdad en la representación judicial.
Un momento crítico para la cúpula judicial
El debate sobre la implementación de la paridad llega en un momento especialmente delicado para el CGPJ, que enfrenta la tarea de cubrir vacantes críticas en la judicatura. Entre estas, destacan las presidencias de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso se perfilan como favoritas para estos puestos, respaldadas por los vocales propuestos por PSOE y Sumar. Sin embargo, su nombramiento enfrenta la oposición del bloque conservador, que podría bloquear las negociaciones y mantener interinamente a los actuales responsables, ambos hombres.
El Tribunal Supremo refleja actualmente un marcado desequilibrio de género: de los 57 jueces que lo integran, solo 12 son mujeres, y las presidencias de sus cinco salas están ocupadas exclusivamente por hombres. A pesar de que las mujeres representan el 57,2% de la judicatura española, esa mayoría no se traduce en los puestos de máxima responsabilidad.
Un debate de fondo
El CGPJ ya había adoptado en 2019 un plan de igualdad que promovía acciones positivas para alcanzar la paridad, pero los resultados han sido limitados. La ley de paridad, en vigor desde agosto de este año, refuerza el mandato al exigir que los nombramientos en los órganos judiciales respeten una composición de género equilibrada, donde las personas de un sexo no superen el 60% ni bajen del 40%.
No obstante, la interpretación de esta ley plantea un desafío para un órgano dividido y en un momento de transición. Las próximas decisiones del CGPJ no solo marcarán un precedente en la aplicación de la paridad en la judicatura, sino que también podrían influir en la percepción pública de la independencia y modernización del Poder Judicial.
